semanario “VOCES”, Montevideo, 13 de diciembre de 2012

Antonio Elías (*)

Está terminando un nuevo año y, casi naturalmente, tratamos de hacer balances de lo que ha sucedido, de evaluar nuestros aciertos y fracasos, pero fundamentalmente tratamos de imaginar los senderos del porvenir y pensar lo que será necesario hacer mañana. Ese proceso de reflexión necesario que abarca lo personal, lo familiar, lo socialmente cercano, también puede tener una dimensión mayor, en este caso nacional. Este artículo pretende, con las limitaciones del espacio, poner en cuestión lo actuado por el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio.

Siete años después. La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales en 2005 no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único. Por lo contrario, el FA desdibujó su programa histórico de cambios en el marco de una estrategia “realista” que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político y la designación de un equipo económico que daba garantías al capital nacional y transnacional.

El "país productivo" que impulsaba el Frente Amplio como alternativa al llamado neoliberalismo, se transformó radicalmente en continuidad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). Se observa en Uruguay, así como en la región y en resto del tercer Mundo, una suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía nacional y modifica radicalmente nuestro entorno.

El proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros no es cosa nueva. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.

Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por el gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país, en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. Como contrapartida se pierde cada vez más el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían generar condiciones para repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.

La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo que impulsa desde hace siete años la conducción económica asume como premisas que: a) el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para realizar esas inversiones; c) se requiere inversión extranjera, la cual vendrá al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de funcionamiento del mercado definidas por el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio.

El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, en particular en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado, a la vez que aprueba políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y la declaración de proyecto de interés nacional, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.

En síntesis, la política económica llevada adelante por el FA se caracteriza por la aplicación de las reformas de segunda generación del Banco Mundial favorables al libre mercado lo que ha provocado un proceso de neocolonización y primarización de la economía.

Se ha reducido la pobreza y la indigencia, en buena medida, por el arrastre del crecimiento económico y, en parte, por las políticas asistenciales, pero no hubo cambios estructurales que garanticen la continuidad de esta situación de mejoría en épocas de “vacas flacas”.

Sus mayores logros estuvieron relacionados con los trabajadores organizados, tanto en el aumento de los derechos como en las mejoras en los niveles de ocupación y salariales. La incapacidad macroeconómica. El principal error de las políticas macroeconómicas es el atraso cambiario que afecta muy negativamente tanto la competitividad de la producción nacional en el mercado interno (compite con productos importados) como en los mercados de exportación.
Las políticas que buscan reducir la inflación bajando el valor del dólar a fin de que los precios internacionales frenen el crecimiento de los precios internos han fracasado estrepitosamente en nuestro país, como lo demuestran las macro devaluaciones de 1982 y 2002.
El segundo gran error, asociada al anterior, es haber fijado sistemáticamente niveles de inflación futura mucho menores que la inflación real, lo que ha hecho perder credibilidad al equipo económico y a hecho perder salario a los trabajadores. En efecto, las políticas que impuso el gobierno de negociar los aumentos salariales por la inflación futura (una estimación que siempre da un valor menor que la inflación pasada) provocan que los salarios reales no aumenten como correspondería de acuerdo a la inflación real.

El tercer gran error, es la transformación de una parte muy importante de la deuda pública en dólares en deuda en Unidades Indexadas (pesos actualizados por el IPC) en un contexto de inflación creciente y de políticas proactivas del gobierno que desvalorizan el dólar, lo que ha generado beneficios extraordinarios a los inversores y las correspondientes pérdidas al Estado.

Piense usted por ejemplo las ganancias que realiza aquel que vendió mil dólares a $ 22 y los coloca en Unidades Indexadas con una inflación anual de 9 por ciento obteniendo $ 23.980 y, cierra la operación cambiando las unidades indexadas por dólares a $ 19,5 obteniendo una ganancia de 229 dólares (un interés anual de 23 por ciento). Increíble pero cierto, ese altísimo interés lo paga el Estado uruguayo.

El cuarto error, es asumir la visión de los empresarios sobre la relación entre salario, productividad e inflación. El criterio de que los salarios deben aumentar en función de la productividad asume el supuesto de que en un momento dado esta claramente definida cual es esa productividad y que se paga adecuadamente el valor de la misma. Ergo lo que suceda después son desviaciones de un supuesto equilibrio económico. Lamentablemente para los que sostienen esas posiciones no existe información estadística que pueda demostrar eso científicamente.

El salario se fija por dos elementos básicos de cualquier mercado: la oferta y la demanda condicionada por un conjunto de reglas como, por ejemplo, los fueros sindicales, los consejos de salarios, la negociación colectiva, etc., que inciden en la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital. La lucha por la distribución del valor generado entre el trabajo y el capital no se define midiendo la productividad.

Lo anterior enlaza con la inflación porque se sostiene que cuando el salario aumenta más que la productividad se generan procesos inflacionarios, debido a que: por un lado, aumentan la cantidad de dinero disponible más que la cantidad de productos, por lo cual aumentaría los precios; por otro, lado, los empresarios para mantener sus beneficios aumentan los precios.

El equipo económico en su peor momento. Hemos sostenido y fundamentado desde la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) que las políticas que impulsa el equipo económico no tienen nada que ver con el programa histórico de la izquierda uruguaya, ni tampoco con el proyecto de país productivo con justicia social que impulsa el PIT-CNT. El equipo económico asumió el proyecto del capital en su formulación más difundida, las reformas de segunda generación del Banco Mundial con la apertura irrestricta al capital extranjero.

La Ley que habilita la Participación Publico Privada es parte de un proceso de mercantilización de áreas que eran exclusivas del Estado, como las cárceles, los hospitales y los centros educativos; a la vez es un proceso de extranjerización porque la experiencia en esos ámbitos solo la pueden tener empresas extranjeras y de tercerización porque esos servicios los brindaran trabajadores privados y no públicos.

El caso PLUNA, sin embargo, tiene dimensiones y facetas que no encuadran en una contraposición de modelos económicos y es mucho más que una contraposición ideológica entre izquierdas y derechas. En el caso PLUNA se violaron casi todas las reglas establecidas para quién debe actuar con responsabilidad republicana: comenzando por una cláusula de “indemnidad” que liberó a Matías Campiani de juicios y reclamaciones; siguiendo con el cierre de la empresa, la estafa de las vacaciones de julio a miles de familias uruguayas, el no pago de los pasajes comprados por los usuarios; la modificación arbitraria de la ley de quiebras; la presentación de “Cosmos” en el tinglado de la subasta; siguiendo con las fotos del Ministro de Economía comiendo con López Mena y el hombre escondido en el segundo nombre y el segundo apellido; la controversia con la garantía acordada, a pedido ministerial, y sin los tiempos necesarios para un estudio en profundidad, etcétera. ¡Inadmisible!

Los garantes de la estabilidad de las reglas violaron las reglas establecidas por ellos mismos, pero no solo se mantienen todos en sus cargos, sino que además cuestionan a viva voz y duramente, tanto, al Presidente de la República, por haber planteado el subsidio a los combustibles en una sola empresa (la que integrarían los trabajadores de PLUNA); como, a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) por acordar pautas salariales con la patronales tomando como base una inflación esperada mayor (7 por ciento) que el número mágico inventado supuestamente para crear expectativas antinflacionarias (5 por ciento).

Se habla de importantísimos cambios estructurales en el campo que implican grandes avances en el desarrollo del país, pero el Censo Agropecuario ( ) recién presentado muestra que esos supuestos avances han costado que 12.241 establecimientos rurales en actividad en el año 2000 dejaran de producir para el año 2011, cuando solo quedan 44.890 establecimientos. El 91% de los que dejaron la actividad son explotaciones menores de 100 hectáreas: pequeños productores. Como contrapartida, de esta reforma agraria al revés de la que planteó históricamente la izquierda, aumentan sustancialmente la concentración y la extranjerización de la tierra.

Todo esto es muy grave, a la notoria pérdida de credibilidad de un equipo económico que en nombre del supuesto conocimiento científico ha impuesto las reglas de juego del proceso económico y de múltiples políticas públicas al resto del gobierno se suma la inacción del Presidente de la República que no pidió la inmediata renuncia de los involucrados.

4.- Es hora de cambiar la línea económica y los hombres que la llevan adelante. En el marco de una económica nacional cada vez más dependiente del mercado internacional - que se caracteriza por profundización de la crisis - y de una situación social muy vulnerable como lo demuestra un reciente estudio ( ) que afirma que 370 mil personas caerían en la pobreza “en una crisis económica o en cualquier ciclo que empiece a bajar el PBI” ( ) parece imprescindible que la conducción económica del país éste en otras manos.

Es hora de apostar por un equipo económico que piense y organice la economía uruguaya en clave de soberanía y no de apertura irrestricta, el país productivo en clave de industrialización y no de primarización, la distribución del ingreso en clave de justicia social y no de subsidios al capital, la lucha contra la pobreza en clave estructural y no asistencialista.

Es hora de tener un equipo que maneje las variables macroeconómicas para impulsar el desarrollo productivo y la competitividad, que controle la inflación y no recurra al atraso cambiario, que no siga endeudando al país en Unidades Indexadas pagando altísimos intereses y tirando para las generaciones futuras la deuda creciente, que no acumule reservas para perder en la próxima crisis cuando es necesaria tanta inversión en infraestructura para el desarrollo social como la destinada a la educación, la salud, las cárceles (los derechos humanos, como tales, son para todos) y para el desarrollo productivo, tales como la energía, el transporte carretero y ferroviario, entre otros.

Es hora de que dirija la economía un equipo que tenga credibilidad para el conjunto de la sociedad y creatividad para impulsar procesos de cambio. Las recetas del “Consenso de Washington” y su complemento, las reformas institucionales de segunda generación del Banco Mundial están agotadas. Los aprendices de brujo que negocian y acuerdan con empresarios nacionales y extranjeros el destino del país, han demostrado en temas fundamentales, como el transporte aéreo, su absoluta impericia.

En los primeros tres años del gobierno del Frente Amplio los cuestionamientos al equipo económico, como el que se está realizando ahora, eran parte de lo disputa por la hegemonía en un gobierno policlasista que expresaba mayoritariamente los intereses del capital pero donde estaban representados, aunque en forma menor, los intereses de los trabajadores. La REDIU - fundada como respuesta al acuerdo firmado en junio de 2005, con el FMI – publica su primer libro en 2006 “Otro camino económico es posible y necesario”.

Luego del rechazo al TLC con Estados Unidos, última clara expresión de la disputa por la hegemonía, el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se muestra monolíticamente unido junto al equipo económico y su modelo. La REDIU publica en 2008 su segundo libro: “Un golpe de Timón” cuestionando al gobierno en su conjunto.

En las elecciones internas durante el proceso de definición del candidato a presidente del FA se sostuvo que la candidatura de Mujica creaba las condiciones para cambiar el equipo económico y su rumbo. No fue así, la línea económica se consolidó. La REDIU publica a fines de 2010 su tercer libro: “La Torta y las Migajas”, donde demuestra las enormes desigualdades que genera un modelo basado en las exportaciones de bienes primarios caso sin valor agregado, la concentración de la tierra, las exoneraciones impositivas al capital y la extranjerización de las propiedades.

En este segundo gobierno del FA no existe una disputa por la hegemonía del trabajo sobre el capital, ni un rumbo alternativo al actual, solo existen matices menores sobre algunos instrumentos económicos, básicamente tributarios. El modelo se consolida su respaldo político pero muestra todas sus limitaciones.

El desacuerdo con estas políticas crece al interior del FA, decenas de miles de militantes votaron en blanco en las internas, muchos más marcaron su discrepancia no participando en dicha elección. Compañeros que han luchado, militado y confiado en el proyecto histórico frenteamplista no aceptan pasivamente que el FA sea nada más que instrumento de uno pocos para administrar y profundizar el capitalismo.

Esa es la novedad que pone en cuestión el monolítico discurso autocomplaciente del gobierno y la dirección del FA y exige un cambio de rumbo. La actual soberbia dirigente lastima la concepción artiguista y seregnista, el autoritarismo ramplón de quién tiene mayorías absolutas nada tiene que ver con la fuerza de la razón y menos aún con la concepción libertaria que dice tener el ciudadano presidente. La impunidad de los gobernantes no es parte del ideario frenteamplista, ni de la cultura de nuestro pueblo. Ojala que estemos equivocados y haya aún suficientes reservas ideológicas, intelectuales, éticas y republicanas al interior del FA para realizar los cambios que el país necesita.

(*) Integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay

Publicado en el semanario “VOCES”, Montevideo, 13 de diciembre de 2012

Mujeres invitan a Mujica a "reflexionar" sobre dichos

La "Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres", a la que adhieren Mujeres de Negro y otras organizaciones, invitó al presidente Mujica a reflexionar por haber mandado a la oposición a "controlar a sus esposas". "Las mujeres no necesitamos ser `controladas`, es más, el control es el primer paso de la violencia sobre nosotras", afirma el comunicado.

El País Digital

miércoles, 6 de junio de 2012

MIRANDO MÁS ALLÁ DEL DOMINGO (4ª PARTE)

por José Luis Perera

El nuevo gobierno del Frente Amplio sin duda tuvo el cambio más sustancial en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, y ya no se vio el acercamiento a los Estados Unidos y la constante rispidez con los vecinos que había caracterizado al primer gobierno. Sin duda esa fue una gran señal. Sin embargo, al igual que el primero, tiene aspectos en lo económico, y sobre todo en lo político, que han continuado el distanciamiento con las organizaciones sociales y con los militantes más consustanciados con las concepciones históricas de la izquierda y del propio Frente Amplio.

SEÑALES POLITICAS RARAS

El nuevo gobierno del FA asumió el 1º de marzo de 2010. Ocho días después, El Observador entrevistaba al novel ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y le preguntaba que opinaba acerca de un TLC con los Estados Unidos, a lo que éste respondía que “no tiene un preconcepto con los Tratados de Libre Comercio” y que no se puede oponer a una negociación que puede ser una “tabla de salvataje de sectores estratégicos”.

Algo verdaderamente insólito, puesto que aquel problema que había tenido en vilo a la fuerza política y al gobierno en el primer período, que había provocado tantos y tantos dolores de cabeza, y que había sido, no solo zanjado en los hechos por el propio gobierno, sino que había sido reiterada su oposición en el Congreso del Frente Amplio del 2008 en un texto claro e inequívoco, era absolutamente ignorado por el flamante ministro y se mostraba abierto a estudiar el tema.

En el Frente Amplio había trabajado una Comisión integrada por representantes de los sectores políticos y de las bases durante meses elaborando un documento programático que sirviera de esquema para discutir a lo largo de toda la estructura de la fuerza política. El documento bajó a los Comités de Base y fue analizado y enriquecido con la participación de al menos 20 mil compañeros. Luego, esos compañeros eligieron más de 2 mil delegados que participaron en el Congreso “Zelmar Michelini” y discutieron nuevamente hasta aprobar el programa definitivo con el cual la el Frente Amplio se presentó a las elecciones y resultó elegido para gobernar por otros cinco años. Ese Programa consta de varios capítulos que abordan diferentes temas, uno de los cuales se titula: URUGUAY INTEGRADO, en cuyo numeral tercero se tratan los ASPECTOS POLÍTICOS COMERCIALES. El punto 48 de ese numeral dice textualmente: “Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.”

Esos son los conceptos previos (preconceptos) que Almagro debía manejar en el tema en cuestión. Por otra parte, estas definiciones programáticas en este tema específico no eran nuevas, sino que ya figuraban en el Programa emanado del Congreso “Héctor Rodríguez” del año 2003. Y decir que no se tienen preconceptos sobre los TLC, equivale a decir –una semana después de ser nombrado como ministro de un gobierno del Frente Amplio- que no tiene ningún problema en hacer exactamente lo contrario de lo que dice el Programa de la fuerza política que lo llevó a ese cargo. Entre otras cosas, sus declaraciones lograron el beneplácito de la secretaria de la Unión de Exportadores, Teresita Aishemberg (“Es positivo. Él está recibiendo el sentir de los exportadores…”, dijo Aishemberg), el rechazo del PIT-CNT (La central obrera “no dudará” al momento de movilizarse “por la unidad de América Latina” ya que para el PIT-CNT el rechazo al TLC con Estados Unidos es una “cuestión de principios”, dijo Marcelo Abdala), y un malestar generalizado en la fuerza política (“Hoy no están planteadas las condiciones para que el Frente modifique su posición respecto del TLC con Estados Unidos. No hay ninguna revisión posible”, dijo por ejemplo Mónica Xavier).Así arrancaba el nuevo gobierno.

Y no era solo desde el gobierno que se emitían señales de este tenor. Porque el programa del FA dice claramente que “En esta etapa, la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno”. Y sin embargo apenas un mes después de instalado el gobierno, un medio de prensa entrevistaba nada menos que al presidente del FA, a Jorge Brovetto, y le preguntaba sobre este tema, y el presidente aclaró que “una Asamblea Constituyente no está en los planes inmediatos del FA”. “Yo personalmente creo que hay que plantearlo”, opinó Brovetto, aunque admitió que “no es prioridad del año 2010”. Esto es, la Constituyente había sido una prioridad para el Congreso, tanto que lo ubicaba en el primer año de gobierno. Pero una vez instalado, ni el gobierno ni el presidente de la fuerza política lo consideraban una prioridad.

Reiteramos lo dicho anteriormente; estas cosas quizá no afecten la visión que doña María o don José tienen del gobierno y o de la fuerza política en el gobierno, pero afectan profundamente a la militancia más comprometida, a la que dedica horas, días, meses y años de su vida en la militancia para ver que después un dirigente ignora por completo todo su esfuerzo. Y además ponen en evidencia el problema central: la relación fuerza política-gobierno.

DERECHOS HUMANOS

A mediados del primer año de gobierno, comenzó la discusión pública del proyecto interpretativo de la ley de impunidad, y fue el comienzo de lo que sería el peor papelón cometido por un gobierno del Frente Amplio.

Recordemos que la anulación de la ley de impunidad formaba parte también de los mandatos del Congreso. En función de ello, y del fracaso del plebiscito en 2009, una Comisión integrada por todos los espacios de la fuerza política y también por delegados de las bases, trabajó en la elaboración de un proyecto, sobre la base de distintos proyectos que había en carpeta, incluido uno del propio Poder Ejecutivo, presentado por el canciller Luis Almagro.

El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. “La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos”. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión. Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo de Derechos Humanos".

El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.

Argumentación clara y contundente del vicepresidente Danilo Astori, que compartíamos de principio a fin.

El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, salió a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora".

Esto sucedía, entiéndase bien, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto. El proyecto naufragó en el Parlamento el 19 de mayo de 2011, y al otro día se registró la mayor marcha por verdad y justicia desde que la misma se realiza, con más de 100 mil participantes. Si alguien creía que no iba a pagar costos políticos por esas bestialidades políticas, se equivocó de medio a medio

Tomado de: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/

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