Jairo
Estrada Álvarez, delegado del partido FARC ante la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).
Jairo Estrada Álvarez es economista, politólogo, director de la Revista Izquierda
y reconocido profesor del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Colombia. Dicen que no hay mejor entrevistado
que él para explicar el estado actual de la implementación del Acuerdo
de Paz firmado por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Recientemente, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), del cual Jairo Estrada es director académico, publicó el informe Claves analíticas sobre el estado actual de la implementación.
Las 72 páginas del valioso documento contribuyen “a una mejor
comprensión de las tendencias más recientes de la implementación del
Acuerdo”, y dejan al descubierto los factores y las fuerzas que asedian
lo suscrito –con balas transformadas en “balígrafos”– el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias.
Ante tal análisis, “con un sustento científico y académico tan serio” de este proceso histórico, necesario y muy complejo, Cubadebate
conversó con el “profe” colombiano, delegado del partido FARC ante la
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación
(CSIVI), y uno de los seis integrantes de Voces de Paz, el movimiento
que representó (con voz pero sin voto) los intereses de las FARC en el
trámite legislativo para la implementación del Acuerdo de Paz. Sus
respuestas fueron de “grueso calibre”.
–Profesor, ¿cómo marcha la implementación del Acuerdo y cuál
ha sido la actitud del actual Gobierno de Iván Duque ante el proceso de
paz?
En la medida en que se considere que la firma del Acuerdo de Paz no
representó ni mucho menos el “fin del conflicto”, sino su continuidad
por la vía esencialmente política, se comprende que el proceso de
implementación es un campo en disputa, cuya trayectoria está marcada por
la correlación social y política de fuerzas. Desde luego, bajo el
entendido que un acuerdo es un tratado que obliga a las partes y que
–para el caso del suscrito con las FARC-EP– se fundamenta en el aserto
contenido en el punto 6.1., que dice expresamente que “el Gobierno
nacional será el responsable de la implementación de los acuerdos
alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz”.
La guerrilla cumplió con dejar las armas e iniciar un proceso de
reincorporación, y ha cumplido en un todo con lo que se comprometió.
Luego de un impulso inicial durante el gobierno de Juan Manuel Santos,
en el que hubo importantes desarrollos normativos, y se pusieron en
marcha medidas y acciones propias de la implementación, aunque también
incumplimientos y alteraciones de lo convenido por las partes, inició en
agosto de 2018 el mandato presidencial de Iván Duque Márquez.
Acercándose los dos primeros años de ese gobierno, los desarrollos
posteriores han sido magros; no es evidente el compromiso e incluso la
intención de cumplir, así el discurso y la retórica gubernamental
afirmen de manera reiterada lo contrario. No es una postura caprichosa.
El simple ejercicio de contraste entre lo que se pactó y lo que está
ocurriendo lleva en cualquier análisis riguroso y sensato a esa
conclusión. No es un secreto que la fuerza política de derecha que le da
sustento al gobierno, anunció en su momento que uno de sus propósitos
principales consistía en “hacer trizas” los acuerdos; tampoco lo son,
los reiterados intentos por promover una revisión sustancial de lo
pactado. Más recientemente se ha “modulado” el lenguaje por parte
funcionarios del alto gobierno que hablan de “modificaciones”; aunque se
mantiene el lenguaje incendiario y guerrerista de los congresistas del
partido del Presidente de la República. El propósito sigue siendo el
mismo. Para la derecha más extrema que hoy gobierna en Colombia, el
Acuerdo de Paz es un conjunto de concesiones innecesarias, que de
implementarse en los términos en los que fueron pactadas, afectaría las
condiciones generales de la dominación de clase y los fundamentos del
orden social vigente. Ella expresa un rasgo histórico de las élites
colombianas: la resistencia a la reforma, el “miedo al pueblo”, como lo
han sentenciado los historiadores.
Pero debe decirse que ese propósito, que a mi juicio es
representativo de lo que pudiera llamarse un “voluntarismo de derecha”,
no ha podido prosperar porque el gobierno actual no tiene la fuerza
política para lograrlo. Entre tanto, hay una mayor aprehensión social
del Acuerdo, como se evidenció en el paro nacional del 21N de 2019 y en
la magníficas movilizaciones de las semanas subsiguientes; se aprecia un
sector importante del Congreso de la República que no tiene la
disposición de retrotraer lo avanzado, así no logre tampoco generar
nuevos impulsos a la implementación; son crecientes las voces desde la
Colombia profunda, las que viven cotidianamente la violencia, que claman
por la implementación territorial. A lo cual se agrega la muy
significativa atención de la comunidad internacional. Así es que el
momento es de intensa disputa, de la relativa indefinición respecto de
la trayectoria. Al final, en lo concreto, se trata de un momento
particular de la escenificación de las luchas sociales y de clase. Para
caracterizar la situación que estamos viviendo acostumbro a citar esa
sentencia de Gramsci: “lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer; y en ese claroscuro aparecen los monstruos”.
Estamos enfrentando los monstruos, movidos por el aserto también
gramsciano: “El pesimismo es un asunto de la inteligencia; el optimismo,
de la voluntad”.
–¿Qué argumentos tienen para afirmar que existe una
“continuidad de la política de simulación” en la implementación del
Acuerdo? ¿Podría realizar un resumen de las esencias de los
incumplimientos y las modificaciones?
Nuestra tesis consiste en afirmar que en la medida en que se advirtió
la imposibilidad política de “hacer trizas” los acuerdos, el Gobierno
nacional optó por lo que hemos llamado una política de la simulación.
Nuestra lengua enseña que simular es “representar una cosa fingiendo o
imitando lo que no es”. El verbo es contundente. Amparándose en una
particular y muy parcial interpretación de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Gobierno viene afirmando que su “margen de
interpretación” del Acuerdo de Paz estaría condensado en la “política de
estabilización Paz con Legalidad”. Olvidó –desde luego no por descuido–
que la Corte Constitucional ha señalado también que los desarrollos del
Acuerdo deben ajustarse a su espíritu y letra. La comparación entre esa
política y lo contenido en el Acuerdo, además de mostrar enorme
distancia frente a la pactado, evidencia el propósito de subordinar en
forma amañada lo establecido en el Acuerdo a la política general del
gobierno, que no se caracteriza precisamente por tener en la agenda el
propósito mayor de abrir los caminos para la construcción de la paz.
Dejando de lado que el Acuerdo representa una realidad histórica y
política con la que tienen que lidiar por lo menos este y los siguientes
dos gobiernos.
Ahí hay una “diferencia de origen” que sirve de sustento a la
valoración sobre el estado actual de la implementación, que hemos
calificado como precario y crítico. Los temas gruesos no han tenido
nuevos desarrollos: La reforma rural integral se encuentra estancada y
pospuesta; la apertura democrática y la participación política está en
el “congelador”; hay una reversión en los avances obtenidos frente al
tratamiento integral para enfrentar el “problema de la drogas ilícitas”
al propiciarse el retorno a la fracasada “guerra contra la drogas”; el
proceso de reincorporación guerrillera no tiene un sustento que permita
evidenciar una “normalización” en el mediano y largo plazo de la vida de
quienes estuvieron alzados en armas. Los mayores avances se han
apreciado en el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición”, sometido a distorsiones en su concepción de origen, que en
lo esencial expresan el miedo de las clases dominantes a las verdades
sobre sus responsabilidades en la guerra y la pretensión de producir un
juzgamiento de la condición noble de la rebelión armada, desde luego sin
desconocer la afectaciones y excesos sufridos por la población. Nuestra
ética incorpora el reconocimiento de nuestras responsabilidades y el
consecuente pedido de perdón en los casos que son debidos.
Las expresiones más específicas de la simulación se encuentran
actualmente en que estamos frente a la insólita situación de que
políticas, medidas y acciones que consuetudinariamente son obligaciones
constitucionales y legales del Estado en general, y del gobierno en
particular (desde antes de la firma del Acuerdo de Paz), están siendo
presentadas como ejecutorias de la implementación. A lo que se agrega
que no ha sido posible identificar la trazabilidad de los compromisos
asumidos por el Estado en materia de financiación de la implementación.
Desde nuestra perspectiva advertimos que se asiste más bien a un proceso
de desfinanciación.
–Hasta el 31 de mayo de 2020, el número de firmantes
asesinados del Acuerdo de Paz ascendía a 199, ¿existe alguna garantía de
seguridad hoy en Colombia capaz de preservar la vida de los firmantes
del Acuerdo de Paz y los líderes sociales?
No es sólo el número de asesinados, que según los últimos registros
asciende a 212. También están matando familiares, en cifra que supera
los 40. Se han tenido desapariciones y continuas amenazas. Más
recientemente se han observado procesos de desplazamiento forzado en
diferentes lugares en los que se adelantan los procesos de
reincorporación. Todo ello en un contexto de violencia exacerbada en los
territorios, que afecta a las comunidades campesinas y los pueblos
étnicos, una de cuyas expresiones es la matanza de hombres y mujeres,
líderes sociales. Un Acuerdo de Paz no se firma para que quienes de
buena fe dejaron las armas y confiaron en que se les garantizarían sus
vidas, sean sometidos al exterminio sistemático. Más allá de las
investigaciones criminales que dicen adelantarse para la identificación
de los perpetradores directos –en todo caso en medio de la más grosera
impunidad–, la pregunta fuerte es acerca de la responsabilidad del
Estado y particularmente del gobierno frente a esta situación. No hay
disculpa ni pretexto que valga.
Uno de los propósitos centrales del Acuerdo consiste en enfrentar las
causas generadoras de la violencia, en general, y de la violencia
política, en particular. En ese aspecto, se previeron específicamente,
por una parte, las ya comentadas políticas de la reforma rural integral,
de la apertura democrática y la participación política, las orientadas a
la solución del problema de las drogas ilícitas, y las contentivas del
reconocimiento y materialización de las víctimas del conflicto, que
incluyeron en lo esencial el compromiso del esclarecimiento de la verdad
y una justicia especial. Y por la otra, un verdadero sistema de
garantías de seguridad. Todo ello, con un particular énfasis en los
territorios. El estado crítico de la implementación es una de las causas
de la situación de violencia que se vive actualmente en Colombia. No ha
sido posible avanzar en transformaciones sustanciales de la vida y la
economía en los territorios, y en eso le cabe una responsabilidad
inmensa al gobierno actual.
Junto con ello, debe señalarse que en el Punto 3.4. del Acuerdo se
previó un sistema de garantías de seguridad, que debía acompañarse de la
“lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensore/as de derechos
humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y
la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”. En el
diseño se ese sistema se registraron importantes desarrollos normativos.
Pero la realidad que hemos vivido durante este gobierno, es que la
materialización de lo pactado se encuentra distante de ser un hecho. Las
cifras de la violencia política hablan por sí solas.
Las FARC-EP tenían claro que la construcción de la paz comprendía una
conjunción de políticas para la superación de las “causas
estructurales” de la violencia con medidas y acciones contundentes para
el desmonte de estructuras criminales complejas con brazos mercenarios
paramilitares, que históricamente han servido para la reproducción del
orden social vigente mediante el ejercicio de la violencia. El
“negacionismo” frente a esa realidad, constituye un factor explicativo
de la persistencia del fenómeno. También el “reduccionismo”, es decir,
la pretensión de explicar la violencia en los territorios como una
simple deriva de las llamadas economías ilegales. En este punto es
preciso advertir que para nosotros, tales economías son representativas
de un tipo especial de relaciones capitalistas de producción, inmersas
en dinámicas transnacionales. Y que los hombres y mujeres del común y
las comunidades rurales que pueden estar involucradas en ellas, como
cultivadores y cultivadoras de hoja de coca, lo hacen por razones de
supervivencia socioeconómica, en calidad del eslabón más débil que en
absoluto se lucra del negocio. Es bien sabido, que lo grueso de ese
negocio corporativo transnacional se encuentra en las esferas de la
circulación, la distribución y el consumo.
La política del gobierno en ese sentido está llamada a acentuar la
violencia y la guerra contra las comunidades rurales. Los pasos que
estábamos dando superar la página de la doctrina de la “seguridad
nacional” y del “enemigo interno”, se han visto por ahora truncados por
un entendimiento de la violencia que nos devuelve en la comprensión
común que se había construido en La Habana para superarla. Los que
estamos viviendo es la tendencia a la militarización de los territorios,
a la estigmatización, criminalización y represión violenta de las
comunidades rurales. Presentándose una (aparente) paradoja. Allí donde
hay más presencia y ocupación militar del Estado es donde se están
presentando los mayores hechos de violencia política.
A este cuadro, se le agrega un hecho que nos genera máxima alerta y
preocupación. Han llegado a Colombia fuerzas especiales de la Brigada de
Asistencia Fuerza de Seguridad– SFAB, con el fin de “asesorar” en
operaciones de la “guerra contra las drogas” en territorios conocidos
como “Zonas Futuro”, que coinciden con territorios de la implementación
del Acuerdo, y que en dos casos (El Catutumbo y Arauca) son fronterizos
con Venezuela. La afrenta contra el Acuerdo de Paz es más que notoria.
La amenaza frente a la paz regional es indiscutible.
–¿Es posible rescatar el Acuerdo antes de que naufrague? ¿Qué
perspectivas tiene el proceso de paz en Colombia en las actuales
condiciones?
El cuadro que he presentado sobre la situación del Acuerdo de Paz es
muy crudo. Para enfrentar la realidad, parto del principio de la
necesidad de aprehenderla tal y como ella se nos presenta. Flaco
servicio se le presta a la acción política cuando no asumimos lo
histórico-concreto. El destino de los Acuerdo de La Habana no está en
manos del gobierno de Duque. Si así fuera, ya no tendríamos acuerdo. Es
claro, como lo he tratado de explicar, que este no es un gobierno que
tenga interés en la implementación de algo que considera una anomalía,
con la que ha tenido que lidiar. Valorar las posibilidades del Acuerdo
hoy, pasa por comprender que él es mucho más que un texto. Sus efectos
políticos y culturales son indiscutibles; han introducido un cambio en
la tendencia y en la configuración del campo de fuerzas en Colombia. Eso
no se puede desconocer. En medio de las dificultades, tenemos que
afirmar que el acuerdo ha contribuido a agregar mejores condiciones para
las luchas; así no se advierta necesariamente en el claroscuro. El
gobierno de Duque es un gobierno mediocre, que ha logrado sacar provecho
transitorio de la excepcionalidad derivada de la pandemia de la
COVID-19. El proyecto de la derecha extrema no parece tener consistencia
para prolongarse en el tiempo. Pero eso no es asunto exclusivo suyo. La
posibilidad del Acuerdo de paz se encuentra íntimamente ligada a la
escenificación de la pospandemia, a la reactivación de las luchas y la
movilización social y popular tras el estado obligado de “hibernación”
al que ha sido sometidas. En unos meses, se empezará a desatar la
contienda por la presidencia de la República. La naturaleza de un
próximo gobierno será esencial para dictaminar acerca del destino del
Acuerdo de Paz. Está por verse si es posible una unificación del campo
democrático, progresista y de izquierda. Y en lo que concierne de manera
específica a la implementación se trata de evitar que el Acuerdo se
convierta en otra víctima de la pandemia y de luchar por evitar mayores
incumplimientos, contrarrestar la tendencia a la consumación de la
perfidia, e impulsar en medio de las dificultades la apertura de nuevos
escenarios, especialmente desde el nivel territorial.
Jairo Estrada Álvarez. Foto: Agencia de Noticias UN.
–El 14 de mayo, las FARC decidió suspender su participación
en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI). ¿Por qué, si esta mesa de
negociación es la garante de que puedan transitar hacia la lucha
política pacífica?
Como lo manifestamos en una declaración pública del 14 de mayo
pasado, suspendimos nuestra participación en la reunión de la CSIVI
porque nos parecieron desobligantes y desagradecidas las declaraciones del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en las que se advertía cierto regocijo por la inclusión de Cuba en la lista que elaboran los Estados Unidos
sobre los países que presuntamente no colaboran en la lucha contra el
terrorismo y se afirmaba que tal decisión era un “espaldarazo” a la
política del gobierno de Duque; sugiriéndose además que el gobierno
colombiano había realizado alguna gestión para contribuir a la señalada
decisión. Conocedores a fondo del papel de Cuba para hacer realidad los
diálogos y negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana y la firma
del Acuerdo de paz, a lo cual se agrega su indiscutible rol como País
Garante de la implementación, nos pareció un contrasentido –que debía
ser explicado por el gobierno colombiano– que a un país que se le
sindica de no colaborar en la lucha contra el terrorismo, se le tenga al
mismo como Garante de la implementación del Acuerdo de paz. Solicitamos
en consecuencia que se hiciera esa aclaración. La verdad, la
declaración de Miguel Ceballos no nos sorprendió. No habíamos olvidado
un texto suyo –publicado en la Revista Semana antes de que
asumiera su cargo actual– que había formulado la tesis de “deHabanizar”
el proceso de paz en Colombia. Tenemos claro que en estos temas las
actuaciones de altos funcionarios no son accidentales.
–¿Por qué el papel de Cuba es importante para garantizar la
implementación de los compromisos adquiridos? ¿Qué elementos evidencian
que Cuba no ha sido un acompañante del proceso, sino un garante de la
implementación?
Sabedores de los incumplimientos del Estado frente a anteriores
acuerdos de paz realizados en Colombia, pero también frente acuerdos
realizados con los movimientos sociales para intentar contener la
protesta social, en su momento las FARC-EP fueron muy cuidadosas en el
diseño de lo que podría llamarse un sistema de garantías y verificación a
la implementación, tal y como quedó consagrado en los Puntos 6.1. y
6.3. del Acuerdo de Paz. Sabíamos del importantísimo y paciente papel
desempeñado por Cuba junto con Noruega en la fase discreta que condujo a
la definición de la agenda, a los diálogos y negociaciones, y a la
firma del propio Acuerdo. Ese rol también fue reconocido y agradecido
por el gobierno de Juan Manuel Santos. Así es que no fue difícil
acordar, por el bien del proceso de implementación que se iba a iniciar,
que esos dos países continuaran desempeñando su función de Países
Garantes. Debo decirlo con sinceridad, por las identidades políticas con
la revolución cubana, la presencia de Cuba nos brindaba mayor
confianza. En nuestra memoria siempre estuvieron presentes las
preocupaciones de Fidel y el pueblo cubano por contribuir a hacer
realidad los propósitos de la solución política y de la construcción de
la paz en Colombia. Lo mismo debe decirse de Noruega, país reconocido
mundialmente por una política exterior comprometida sin tacha alguna con
la solución de conflictos armados y los anhelos de paz. Así es que
iniciamos el proceso de implementación con la presencia permanente en la
CSIVI de Cuba y Noruega en su calidad de Países Garantes. No ha habido
una sola reunión de esta instancia bipartita del Acuerdo, en la que no
haya estado presente el embajador cubano, José Luis Ponce Caraballo;
desempeñando el rol que le corresponde a un Garante: brindar confianza a
las partes, velar porque lo que se haga se ajuste a lo convenido, y –si
fuere necesario– contribuir a que en presencia de diferencias se
allanen caminos que posibiliten salidas. De nuestra parte, frente a esa
labor paciente y normalmente poco conocida lo único que hay es
agradecimiento. Por eso, la inasistencia del embajador Ponce a la
reunión del 14 de mayo, nos generó inquietud, aunque la comprendimos a
cabalidad. Esperamos desde luego que su presencia se pueda normalizar
por el bien de proceso de paz.
Por otra parte, es necesario precisar, que el Acuerdo estableció
claras distinciones entre la condición de “Garante”, “Verificador” y
“Acompañante”. Garantes son Cuba y Noruega; las funciones de
verificación la cumplen los Notables (por cierto, un mecanismo
desconocido por el gobierno de Duque), la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia, y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, a quienes se le dio un mandato preciso; y las
funciones de acompañamiento internacional las adelantan países,
instituciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales, convenidas por las partes, en once temas específicos de
la implementación. Dadas esas calidades, nos ha sorprendido que en la
reciente comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia dirigida a la Cancillería cubana, en respuesta a un oficio que
ella le envió, se hable de Cuba como acompañante del Acuerdo de Paz.
Aunque no somos expertos en temas diplomáticos, sí entendemos muy bien
el sentido y el contenido de los conceptos. Desde nuestro punto de vista
es preciso que se señale, con las claridades que ofrece nuestro idioma,
que Cuba es un País Garante de la implementación, que merece todo
reconocimiento por sus aportes a la construcción de la paz en nuestro
país.
–¿Cuál es su opinión sobre el desconocimiento del Gobierno de
Duque del “Protocolo Establecido en Caso de Ruptura de la Negociación
de Diálogos de Paz Gobierno colombiano-ELN”, como parte del “Acuerdo de
Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el
Ejército de Liberación Nacional”, firmado el 30 de marzo del 2016, en
Caracas, por las partes y por los seis Estados? ¿Qué consecuencias
podría traer ese paso para futuras negociaciones y el papel de los
garantes en las mismas?
La comunidad internacional ha construido con mucha dificultad, en
medio de guerras y conflictos de diversa naturaleza, un lenguaje común
que se ha traducido en marco normativos que rigen las relaciones
internacionales. De ello hace parte el protocolo firmado por el gobierno
colombiano, el ELN y por seis estados. En lo específico, ese protocolo
se ajusta a las normas del derecho internacional. Más allá de sucesos
que puedan afectar las conversaciones que adelantan partes en conflicto,
es obligación de quienes son firmantes de un acuerdo, en este caso, de
un protocolo, atenerse al principio universal del pacta sunt servanda.
No hacerlo, es contravenir las normas del derecho internacional. No
puede ser que por motivaciones políticas, como es el caso de la postura
exhibida por el gobierno del presidente Duque, que a mi juicio están
inscritas dentro de estrategias de la derecha transnacional y del
gobierno de los Estados Unidos, se incumplan normas del derecho
internacional; aunque puedo comprender perfectamente de qué lado se
encuentran hoy las flagrantes violaciones al orden internacional. Cosa
distinta es desde luego la valoración que se pueda hacer de hechos
acaecidos. Pero no se puede confundir una cosa con la otra.
En ese aspecto, hago parte de quienes comprenden la posición de Cuba
como ajustada de manera estricta al derecho internacional. Noruega, otro
país firmante del protocolo mencionado también ha acompañado esa
postura. Y debo decirlo, también un sinnúmero de países de la comunidad
internacional, además de teóricos, expertos y doctrinantes del derecho
internacional.
Para mi país, que tiene la aspiración de lograr la paz completa, de
avanzar en la solución política con las organizaciones que aún se
encuentran en alzamiento armado, particularmente el ELN, no es una buena
noticia. La experiencia enseña que los procesos de diálogos y
negociaciones tienen mayores y mejores posibilidades con el concurso de
la comunidad internacional. Desconocer protocolos equivale a
echar por la borda las funciones de los Garantes; cerrar la puerta y
botar la llave de los apoyos internacionales. Si el trato que se les da, es el que se está observando con Cuba, la pregunta a futuro es: ¿Qué país aceptaría ofrecer de buena fe su concurso para aportar en el propósito de resolver un conflicto?
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