Por Olmedo Beluche
Diez
días de tenaz lucha en las calles duramente reprimida por la policía,
con un saldo de, por lo menos, 4 muertos de bala, decenas de heridos y
centenares de detenidos, es el resultado del alzamiento popular del
pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia económica y demográfica
de la república de Panamá.
Esta
sublevación incontenible tiene dos causas, una manifiesta e inmediata y
otra que se hunde en lo profundo de las razones sociales: la primera,
la imposición de la Ley 72, que autoriza la venta de terrenos en el área
de la Zona Libre (Zonas Francas en Uruguay) de Colón, la mayor área de reexportación del
continente americano; la otra, la extrema miseria en que
vive la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más
próspero del país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y
desgarrante del capitalismo panameño con su extrema polarización de la
riqueza en pocas manos y la pobreza más insultante para las mayorías.
Es
un deber de los sectores más concientes de la sociedad panameña no
perder de vista el problema de fondo en Colón que explica las verdaderas
causas de este "octubre rojo" panameño, rojo de sangre y banderas.
Porque la sola derogación de la Ley 72, que puede ser conveniente para
los comerciantes que han controlado por décadas el negocio de
reexportación, no solucionará el problema de fondo, la injusticia social
que mueve a los colonenses a las calles, dirigidos por el Frente Amplio
de Colón (organismo que agrupa a sindicatos, gremios y organizaciones
civiles).
Mientras
que, respecto a la motivación inmediata, la derogación de la Ley 72, la
posición firme del Frente Amplio de Colón ("no hay negociación, sin
derogación") está clara y ya ha empezado a resquebrajar la posición del
gobierno; respecto de la segunda causa, ni el FAC, ni ningún otro sector
de la izquierda y el movimiento popular hemos propuesto todavía una
fórmula clara.
Por
ello, junto a la demanda de derogación de la Ley 72, impuesta y
sancionada en menos de 6 horas por la Asamblea nacional y el Ejecutivo,
habría que formular una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo la Zona
Libre de Colón va a compartir sus enormes ganancias con el pueblo
colonense?
Un poco de historia
La
historia de Panamá está marcada por un determinismo geográfico: un
istmo que une los océanos Atlántico y Pacífico que, desde la aparición
del mercado mundial, con la conquista española, se le asignó el papel de
puente de mercancías y gentes. Primero, del oro y la plata del Perú;
luego de paso de la comunicación entre las costas este y oeste de los
Estados Unidos; más recientemente, de las mercancías "baratas" de Asia
(China-Taiwán-Hong Kong-Japón) y América Latina (Colombia, Venezuela,
Brasil, etc.).
Ese
peso de la posición geográfica y su articulación al mercado mundial,
dio origen a un concepto formulado por el historiador Alfredo Castillero
Calvo en los años sesenta, que lo define bien: el transitismo.
El
transitismo describe un país volcado a la zona de tránsito (hoy el eje
Panamá-Colón, antes, Panamá-Portobelo), controlado por ávidos
comerciantes agentes de intereses comerciales foráneos. Ese transitismo
ha producido un país dislocado, en el que la zona de
tránsito concentra la mayor parte de la riqueza, dejando casi en el
olvido al resto del estado nacional. Un país con un 80% del PIB cargado
hacia el comercio y los servicios financieros y de transporte, carente
casi de agricultura e industria, cuyo resultado social es una de las
peores polarizaciones de la riqueza social, con altas tasas de desempleo
y pobreza.
El
transitismo nos habla de un comercio que no proviene ni está dirigido a
la población panameña que, dada su baja densidad demográfica y escasa
industria, no posee un atractivo mercado interno. Ese comercio está en
función de intereses extranjeros, mientras que el panameño y el
colonense sólo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar el oro y la
plata del Perú.
Pero
el transitismo ha tenido sus períodos de decadencia. Entre mitad del
siglo XVIII y mitad del XIX, los comerciantes panameños en varias
ocasiones soñaron abiertamente con la construcción de un "país
hanseático" que, al estilo de las ciudades comerciales europeas del
medioevo, realizara una alianza comercial con Inglaterra y su base
jamaiquina, para que fuera puente mercancías inglesas hacia Sudamérica.
El
sueño "hanseático" empezó a tomar forma a partir de la "fiebre del oro"
de California, cuando Panamá fue descubierta por la potencia emergente,
Estados Unidos, como el puente más corto y seguro entre sus costas. El
sociólogo Marco Gandásegui ha dicho en alguna ocasión que Panamá se
transformó en una extensión del río Mississipi que desembocaba en San
Francisco.
Así nació la ciudad de Colón, cuando en 1850, la Pacific Mail
empezó la construcción del ferrocarril de Panamá, el primero que unió
ambos océanos. Por su trazado, el ferrocarril necesitaba una terminal en
la costa caribeña de Panamá, así que se procedió a rellenar la isla de
Manzanillo, dando origen a una ciudad que los norteamericanos llamaron
al principio Aspinwall (en honor a uno de los gerentes de la Panama Railroad Co.).
Como
el trazado del posterior Canal de Panamá corre paralelo al del
ferrocarril, Colón se convirtió en el polo caribeño de asentamiento de
los trabajadores antillanos, en su mayoría afrodescendiente, traídos
para excavarlo. La población de Colón pasó de 3.000 habitantes en 1900, a
más de 30.000 en 1920.
La
construcción del canal por Estados Unidos trajo aparejada la separación
de Panamá de Colombia, de la que era una provincia, dada la resistencia
a aceptar un tratado que imponía la segregación de una Zona del Canal
bajo soberanía norteamericana. Pese a que los comerciantes panameños
creyeron ver cumplido su sueño "hanseático", y lo pusieron en la divisa
del nuevo escudo nacional ("Pro Mundi Beneficio"), la realidad
dura fue su exclusión del negocio canalero por los norteamericanos,
quienes controlaron todo bajo un estricto esquema militar.
De
manera que a mitad del siglo XX, el sueño "hanseático" de nuestros
comerciantes era proveer de cantinas y burdeles a los soldados
acantonados en las bases militares norteamericanas. Pero, al final de la
Segunda Guerra Mundial, esa economía de cantina entró en crisis,
degenerando en una continua serie de conflictos sociales y políticos,
incluso interburgueses, por disputarse el control de los pocos negocios
que producían algo de plusvalía.
El
gobierno de Enrique A. Jiménez, en 1945, contrató los servicios de un
grupo de asesores norteamericanos para que sugirieran algunos remedios a
la crisis económica y fiscal. Uno de ellos, Thomas E. Lyons,
funcionario del Departamento de Comercio de EE UU, realizó un informe en
el que propuso la creación de una zona franca de comercio. Así nació la
Zona Libre de Colón, mediante el decreto Ley No. 18 de 17 de junio de
1948, vigente hasta el viernes 19 de octubre de 2012, cuando fue
aprobada y promulgada la Ley 72.
¿Zona Libre para beneficio de quién?
Las
empresas que se establecen en la Zona Libre de Colón no pagan ningún
tipo de impuestos, ni nacionales, ni municipales. La última vez que un
gobierno intentó cargarles con un leve impuesto, bajo el gobierno de
Ernesto Pérez Balladares (1994-99), los poderosos comerciantes pegaron
el grito al cielo y el gobierno tuvo que retroceder. Lo único que pagan
es un arrendamiento por las instalaciones que usan a un precio catastral
subvalorado.
La
Zona Libre de Colón cuenta en este momento con 1.751 empresas asentadas
que reciben 250.000 visitantes al año. Aunque hay en ella todo tipo de
empresas, predominan poderosos capitales judíos y árabes (que allí se
llevan muy bien). Entre los primeros destaca la familia Motta (cuyas
ramificaciones se extienden a la Compañía Panameña de Aviación, COPA;
TVN-Canal 2; y el Banco General, el mayor de capital panameño). Entre
los segundos destaca la familia Waked (con ramificaciones en todos los
puertos libres del continente a través de los almacenes La Riviera y en
los diarios La Estrella y El Siglo).
Se
estima que en 2012 la Zona Libre de Colón manejará un movimiento
comercial de 12.447.646 millones de dólares, 5.785.202 en importaciones y
6.662.443 en exportaciones, según la Contraloría General de la
República. Otros cálculos elevan estas cifras por encima de los 16 mil
millones de dólares. En un país cuyo Producto Interno bruto Total fue
ponderado en 2011 en 23.253.6 millones de dólares, estamos hablando de
una cifra significativa.
En
un articulo reciente, el economista colonense y precandidato
presidencial, Juan Jované, ha estimado el valor agregado generado por la
Zona Libre de Colon en 2.042,6 millones en el año 2010. Este año la
cifra será mayor según los indicadores.
Pese
a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa
la Zona Libre, la ciudad de Colón es, a la vista del peor miope, una
urbe paupérrima, en que la población camina en aceras decrépitas por
donde corren aguas cloacales, malvive en edificios a medio caerse, cuya
juventud padece el desempleo crónico (15%, según Jované) y se refugia en
las pandillas; con hospitales decadentes y clínicas mal equipadas; ni
hablemos de las escuelas. El desempleo general puede estar cerca del
25%.
Según
datos del propio Ministerio de Economía (y estimados a la baja por una
metodología alevosamente construida), el 3,2 % de los colonenses
sobrevive en la indigencia y el 15,8% en la pobreza.
A
todo lo cual hay que agregar el desprecio racista de gobiernos,
policías y empresarios contra la población colonense, en su mayoría
afrodescendiente. Ese racismo desembozado se expresa no sólo en el
abandono de la provincia (de 220.000 habitantes) pese a su importancia
económica, sino en que los empresarios de la Zona Libre prefieren traer
trabajadores de Panamá a contratar colonenses. Además de que, por
supuesto, los dueños y gerentes no tienen sus residencias en Colón sino
en la ciudad de Panamá.
Como
nos comentaba Alberto Barrow, dirigente de la etnia negra, ese racismo
descarado también está en las cabezas de los policías, y sus jefes que
le han ordenado disparar directamente contra la gente que protesta en
Colón, como han mostrado las cámaras de la televisión. Es el mismo
racismo con el cual hace dos años, en julio de 2010, dispararon a
mansalva contra los trabajadores bananeros, en su mayoría del pueblo
Gnabe-Buglé, en Changuinola; y en 2011, de nuevo contra ellos mismos que
luchaban contra el Código Minero y las hidroeléctricas, en el área de
San Félix.
Ese
racismo ha sido consuetudinario en las élites panameñas, pero ha
llegado al paroxismo bajo el gobierno integrado por comerciantes blancos
de Ricardo Martinelli y su ministro de Seguridad José Raúl Mulino.
Habría que preguntarle a los organismos de derechos humanos si no
estamos ante una conciente práctica genocida por parte de estos
gobernantes.
Los intereses inconfesables
En
la crisis actual se mueven aviesos intereses. Los intereses del grupo
gobernante, que ha impuesto la Ley 72, con la que pretenden matar dos
pájaros de un tiro: hacerse con una cifra de entre 200 y 400 millones de
dólares en venta de activos estatales para cuadrar un presupuesto
exorbitante (el mayor de la historia) con el que quieren cerrar el año
preelectoral, con mucho clientelismo y una impresión de bienestar; a la
vez que se apropian para su grupo de valiosas tierras nacionales a
precios de regalo y entran al negocio que les faltaba.
Pero
no hay que perder la perspectiva de que a la oligarquía comercial que
controla la Zona Libre de Colón le conviene que se derogue la Ley 72, no
porque ellos tenga algún aprecio por la propiedad pública, sino porque
el decreto de 1948 les permite seguir lucrando sin compartir un centavo
con el pueblo colonense, como han hecho por sesenta años.
De
ahí que no basta con exigir la derogación de la Ley 72, hay que buscar
una propuesta que obligue a esos comerciantes a compartir un pedazo de
la riqueza que genera la Zona Libre de Colón. Propuesta que debe salir
de la dirigencia popular del Frente Amplio de Colón y de sus mejores
intelectuales comprometidos con la causa popular. Propuesta que, aún
manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al pueblo
colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales que
padece.
Colón
es la punta del iceberg, la vanguardia de un conflicto social que
atraviesa todo el país (de ahí que la solidaridad y las protestas se
hayan extendido por todos lados), entre la riqueza de una casta
comercial que ha empezado a ver su sueño hanseático cumplido, a partir
de la reversión del Canal en el año 2000, y esa masa popular que vegeta
en la pobreza más allá de los edificios de la bahía de Panamá. El
problema de fondo que amenaza con estallar, es el capitalismo
transitista panameño y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo,
injusto y antidemocrático.
Notas: En Uruguay ya que nos consideramos diferentes al resto de los latinoamericanos a las Zonas Libres les llamamos Zonas Francas. De esta manera los politicos le dicen al pueblo que nos es lo mismo. De la misma manera en Uruguay no hay Campesinos hay "productores:
tomado del blog: Noticias Uruguayas http://noticiasuruguayas.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario