Samuel Blixen (Brecha)
Se produjeron dos instancias que vuelven más opaco
y viscoso todo el episodio de la liquidación de Pluna
sa. Una es la decisión del Ministerio de
Economía, a través de la Auditoría
Interna de la Nación (ain), de declarar confidencial
la información “relativa a la gestión
económica, financiera y comercial” del socio
privado de la aerolínea. Otra es la decisión
de los senadores del Frente Amplio de bloquear la
instalación de una comisión investigadora
parlamentaria para analizar todo el proceso de la crisis,
desde la asociación con Varig, en la mitad de los
noventa, hasta el vaciamiento instrumentado por Leadgate y
su cabeza visible, el empresario Matías Campiani.
Ambas iniciativas clausuran la posibilidad de establecer
responsabilidades, políticas y administrativas, que
por cierto no serán consideradas en la
investigación judicial impulsada tanto por el
oficialismo como por la oposición. Las confesiones
del ex presidente Tabaré Vázquez y del ex
ministro de Economía Danilo Astori, admitiendo que se
equivocaron al impulsar la asociación del Estado con
una ignota corporación dirigida por un empresario
argentino sin mayores títulos (salvo el autoconferido
de “reflotador de empresas fundidas”) puede
aceptarse como expresión de un gesto que los enaltece
–en opinión de algunos de sus compañeros
de partido (véase nota en este informe)–, pero
no contribuyen en nada al esclarecimiento de los hechos y la
identificación de las intenciones.
Los 350 millones de dólares a los que trepa por
ahora el costo de la aventura de convertir la empresa
estatal de aeronavegación en un paquete de acciones
por el 25 por ciento del total, más la angustiosa
situación de los trabajadores sin fuente de trabajo,
más la postración de otras actividades
comerciales vinculadas, más la amenaza de
pérdida de las frecuencias del puente aéreo,
son una expresión acabada de esa equivocación,
que no se supera ni se remedia con la simple
confesión para la platea.
Así, sin investigadora, bloqueado el acceso a la
información, los uruguayos no podrán saber por
qué razón, en base a qué
consideraciones, el ministro Astori aceptó la
sugerencia de la consultora Ficus, que proponía a
Leadgate como candidato para la privatización; ni por
qué, en función de qué beneficios
calculados (ciertamente no concretados) decidió
otorgar una garantía hipotecaria del Estado por la
totalidad de la compra de nuevos aviones; y por qué,
a pesar de esa garantía, aceptó que las nuevas
autoridades tuvieran control ilimitado sobre la
gestión (que comenzó desarticulando la
“conectividad” con Europa al eliminar los vuelos
a Madrid); no se podrá saber, tampoco, qué
intereses confluyeron para impulsar la
“solución” que se desplomó cinco
años después; ni se tendrá idea de por
qué el gobierno, con la evidencia del desastre, se
apuró ahora a conceder “indemnidad” a los
directores de Leadgate.
La determinación de “cortar la
sangría” del déficit mensual no
justifica el desenlace, cuyos detalles podían
perfectamente preverse con sólo acudir a la memoria
de los vaciamientos bancarios más recientes. La
resolución de la ain que declara confidencial la
información de Pluna sa (cuya fundamentación
no pudo aportar el director de la Auditoría en su
conversación con La Diaria) y la aplanadora de una
mayoría que desestimó la investigadora para
evitar que se montara un “circo
político”, deja sin respuesta una ristra de
preguntas.
VIEJOS CONOCIDOS
En el episodio de Pluna aparecen numerosos vasos
comunicantes con la crisis de 2002, particularmente los
vaciamientos de los bancos. Los detalles de esa historia
perversa se conocen no tanto por la acción de la
justicia como por la persistente y minuciosa
investigación de una comisión parlamentaria
cuyos resultados, claro está, no fueron tenidos en
cuenta por las mayorías parlamentarias del momento.
En el episodio de Leadgate-Pluna se repiten corporaciones,
intermediarios, consultores, “ejecutivos”; y
aparece un mismo modus operandi: el Estado termina
pagando.
A los “viejos conocidos”, J P Morgan y Paul
Elberse, accionando en las distintas instancias del desplome
del viejo Banco Comercial de los hermanos
Rohm y en el surgimiento del Nuevo Banco
Comercial, se le suma un nuevo protagonista, la consultora
cpa Ferrere y el estudio de abogados del mismo nombre.
Impúdicamente, en su página web la consultora
describe los “logros” de sus ejecutivos; aunque
extensa, vale la pena citar: “La ‘muy
talentosa’ Sandra González se hizo cargo del
área de Litigios y Arbitrajes de la firma desde que
Cerisola asumió el liderazgo. Este año, ella y
Cerisola asesoraron a un consorcio de entidades financieras,
incluyendo a J P Morgan, para liberar 11 millones de
dólares en una corte uruguaya a partir de un laudo
arbitral icc.
Otro importante triunfo de González fue ayudar a
Crédit Suisse a ganar un juicio en un caso
relacionado con la bancarrota del Banco Comercial. Los
bancos son usuarios frecuentes de la firma, tanto de su
práctica financiera (bbva es el más reciente
ejemplo) como de su trabajo en disputas, donde Cerisola ha
actuado exitosamente para grandes entidades financieras
(Crédit Suisse, Dresdner Bank, J P Morgan) en
arbitrajes (icc) y acciones civiles contra el Estado
uruguayo”.
Esa particular eficiencia en litigios contra el Estado,
en especial representando a los “dueños
externos” del Comercial, no impidió que cpa
Ferrere pudiera anudar nuevas relaciones profesionales con
los gobiernos del Frente Amplio. No es menor que algunos de
sus socios y consultores estuvieran, simultáneamente,
antes o después, en cargos de gobierno. Los
más notorios son Bruno Gilli, socio de cpa Ferrere,
quien a su vez era delegado, en 2008, del Ministerio de
Economía y Finanzas en la Comisión Permanente
de Normas Contables Adecuadas; el actual ministro de
Economía, Fernando Lorenzo, quien mantuvo una
relación profesional con cpa Ferrere como consultante
senior, hasta marzo de 2005 en que pasó a
desempeñarse como director del Área
Macroeconómica del mef, durante la gestión de
Danilo Astori en el gobierno de Tabaré
Vázquez; en 2009 renunció al ministerio y
retornó a cpa Ferrere, mientras oficiaba como asesor
de Astori en la campaña electoral.
Pero también mantuvieron vínculos con el
gobierno otros altos ejecutivos de cpa Ferrere, como Diego
Rodríguez, contratado por el Banco Central del
Uruguay para el proceso de rediseño de toda la
normativa aplicable a las instituciones financieras,
empresas de seguros, fondos de pensión y al mercado
de capitales.
EL ROL DE CPA FERRERE
En el esquema de la privatización de Pluna, la
consultora Ficus desempeñó el rol de
“introductor” del comprador,
Leadgate-Matías Campiani; pero el operativo era una
triangulación donde confluyen los intereses de la
fábrica canadiense Bombardier, que vende los aviones
a la nueva Pluna; y del banco canadiense Scotiabank, que
financia la operación. Hasta donde es posible saber,
en todas las instancias de la privatización de Pluna
está presente la consultora cpa Ferrere.
Desde el comienzo mismo de las negociaciones, la
consultora asesoró a Leadgate en temas financieros,
contables e impositivos, además de encargarse del
soporte legal del proceso. El asesoramiento incluyó
la participación en la elaboración del plan de
negocios que Matías Campiani elevó a los
ministerios de Economía y de Transporte en los
primeros meses de 2007; y en las auditorías en el
período de la llamada due diligence, que
obligó al Estado a cubrir “pasivos
ocultos”, millonarios en dólares, para que se
concretara la firma definitiva del traspaso del 75 por
ciento del paquete accionario.
Seguramente cpa Ferrere manejaba, desde el comienzo, la
opción del Estado de extender una garantía que
sustituyera la promocionada inversión de 170 millones
de dólares que el ministro Astori anunció con
bombos y platillos, en enero de 2007, cuando los uruguayos
comenzaron a pronunciar el nombre de Campiani. Seguramente
también cpa Ferrere manejaba la información
privilegiada sobre la compra de los aviones a Bombardier y
la negociación que se entablaba con el
Scotiabank.
Más difícil de determinar es si la
operación de compra de las acciones del Nuevo Banco
Comercial por parte del Scotiabank –operación
que culminó en 2009– se inició antes del
proceso de privatización de Pluna. De ser así,
resultaría que la presencia del Scotiabank y de
Bombardier en la privatización de Pluna sería
apenas una pata del negocio de adquisición del Nuevo
Banco Comercial. Podría suponerse que el actual
ministro de Economía, Fernando Lorenzo, debía
estar al tanto de los detalles, puesto que en el
período señalado estuvo directamente vinculado
a cpa Ferrere y a la vez ocupó el tercer cargo en
jerarquía del ministerio. Sin embargo, consultado por
Brecha, Lorenzo negó enfáticamente cualquier
vinculación personal con el proceso de Pluna.
“No estuve al corriente. Jamás tuve contacto
con este tema”, dijo.
Sea como fuere, cpa Ferrere, que se jacta de haber
concretado el negocio del Nuevo Banco Comercial (nbc) para
el Scotia, mantiene su presencia en el banco: Bruno Gilli,
Diego Rodríguez y Nelson Mendiburu, tres de los
socios de la consultora, son los miembros de la
Comisión Fiscal del directorio del nbc;
Rodríguez, según se señala en la
página web de la consultora, participó
directamente en la transacción que otorgó al
Scotia el control del nbc.
A la vez, ejecutivos de cpa Ferrere aparecen vinculados a
la estructura de Pluna sa y de Leadgate: Magdalena
Olazábal, especializada en cpa en financiación
de empresas y proyectos de gestión de riesgo en el
sector bancario, pasó a desempeñarse como
analista de Leadgate Investment Corp, encargándose de
la Oficina de Transformación de Pluna. Y los letrados
Nadia Yavitz y Nicolás Costábile, de Ferrere
Abogados, asistieron a Matías Campani en el juicio
por plagio entablado por Buquebus. A su vez, Sandra
González y Bruno Gilli, socios de cpa, integran el
staff de ef Asset Management, administradora de fondos de
inversión, que maneja un fideicomiso de
garantía con Pluna sa, cuyos beneficiarios son
Rospide Sociedad de Bolsa y Rentmax Sociedad de Bolsa.
La privatización de Pluna terminó siendo un
buen negocio para la fábrica Bombardier y para
Scotiabank, después que el gobierno logró
apurar en el Parlamento la ley sobre la liquidación
de Pluna sa, que modifica las normas concursales, con lo que
el Scotiabank podrá cobrar en primer término
sus créditos por la financiación de la compra
de los aviones. Y fue también un buen negocio para el
J P Morgan, principal sostén financiero de
Bombardier.
Quien termina pagando es el Estado, no importa
quién tenga la batuta ocasional. Parece una fatalidad
genética esto de hacerse cargo de los desastres
privados, reales o fabricados: el Estado pagó cuando
la compraventa de carteras en 1984; pagó cuando se
desplomaron el Pan de Azúcar, el Comercial, el Banco
de Crédito y La Caja Obrera; pagó cuando
renunció al cobro del endeudamiento interno de los
principales grupos económicos nacionales; pagó
cuando Stephane Benhamou vació el reflotado Pan de
Azúcar, cuando los hermanos Rohm vaciaron el
reflotado Comercial y cuando se desplomó el Banco
Montevideo de los Peirano; y paga ahora, cuando los
gobernantes cometen una “equivocación”
con Pluna, que cuesta apenas el 1 por ciento del pbi
anual.
Tomado de: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/
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