Informe especial de la ISP: El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa

Tratar a los servicios públicos como mercancías destinadas al comercio crea un error conceptual fundamental
acerca de los servicios públicos. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA), que se está
negociando actualmente en secreto y fuera de las normas de la Organización Mundial del Comercio, es un
intento deliberado por privilegiar los beneficios de las empresas y países más ricos del mundo por encima de los
que tienen mayores necesidades.
Los servicios públicos están diseñados para satisfacer las necesidades sociales y económicas vitales –tales como
la atención de la salud y la educación– de una manera asequible, universal y en función de las necesidades. Los
servicios públicos existen porque los mercados no producirán estos resultados. Además, los servicios públicos
son fundamentales para garantizar una competencia leal para las empresas y una reglamentación eficaz para
evitar los desastres medioambientales, sociales y económicos –tales como la crisis financiera mundial y el
calentamiento del planeta. Los acuerdos comerciales promueven conscientemente la comercialización y definen
los productos y servicios en términos de su capacidad de ser explotados con fines lucrativos por parte de las
empresas mundiales. Incluso los más fervientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay
ganadores y perdedores en este juego amañado.
Los ganadores son generalmente los países poderosos que son capaces de hacer valer su poder, las empresas
multinacionales que son las que se encuentran en mejor situación para aprovechar el nuevo acceso a los
mercados y los consumidores adinerados que pueden permitirse las importaciones extranjeras. Los perdedores
tienden a ser los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleo y a una presión a la baja sobre los
salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las
empresas multinacionales.
El TISA se encuentra entre la alarmante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión basados en poderes
jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las medidas
gubernamentales en una amplia gama de ámbitos sólo incidentalmente relacionados con el comercio.
El TISA impedirá que los gobiernos puedan devolver los servicios públicos a manos públicas cuando las
privatizaciones fracasen, restringirá las reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad de los trabajadores,
limitará las reglamentaciones en materia de medio ambiente y protección de los consumidores, así como la
autoridad reguladora en ámbitos tales como la concesión de licencias para centros de cuidado de la salud,
centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de desechos y la acreditación universitaria y escolar.
Este acuerdo tratará a los trabajadores migrantes como mercancías y limitará la capacidad de los gobiernos de
garantizar sus derechos. Las normas del trabajo deberían ser establecidas por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), con su estructura tripartita, y no estar cubiertas por acuerdos comerciales.
Increíblemente, tras la crisis financiera mundial, el TISA también pretende desregular aún más los mercados
financieros. Sabemos que los grandes intereses corporativos están fuertemente implicados en las negociaciones
del TISA.
Sabemos que la última vez que se negoció un amplio acuerdo en materia de servicios (AGCS) – se desató una
protesta pública mundial. Y sabemos que actualmente se están realizando grandes esfuerzos por mantener
secretas las negociaciones del TISA.
Con unos riesgos tan importantes para las personas y para nuestro planeta, esto es un escándalo. ¿Quién en
un país democrático aceptará que su gobierno apruebe en secreto leyes que modifican el poder y la riqueza,
comprometen a los futuros gobiernos y restringen la capacidad de su nación de responder a las necesidades de
los ciudadanos de una manera tan fundamental?
Los textos de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios deben ser divulgados para su análisis y
toma de decisiones públicos. El TISA no debe cubrir ningún servicio público ni restringir la capacidad de ningún
gobierno para reglamentar en función del interés público. No debería realizarse ningún tipo de comercio con los
servicios públicos.
Rosa Pavanelli
Secretaria General
Internacional de Servicios Públicos

Descargar el estudio documento de este enlace:
 http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_tisapaper_final_web.pdf