Acuerdo
en La Habana: al centro el Presidente Raúl Castro, de Cuba, y a la
izquierda Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y a la derecha,
Timoleón Jiménez, líder de las FARC-EP. Foto: Ramón Espinosa/ AP
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)
firmaron hoy en La Habana un acuerdo sobre el alto al fuego bilateral y definitivo,
con lo que el proceso de negociación entre ambas partes para poner fin
al conflicto armado de seis décadas queda instalado en la antesala de la
paz.
Es uno de sus momentos más importantes después de casi
cuatro años de negociaciones. El pacto, con la firma del presidente,
Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, es también
la antesala del acuerdo definitivo de paz entre ambas partes, al que se
llegaría en las próximas semanas.
El documento establece las
condiciones en las que habrán de realizarse la concentración de los
combatientes de la guerrilla en diversos puntos del territorio
colombiano, las medidas de seguridad para protegerlos y la entrega de
las armas, procesos que serán verificados por personal de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Seguimos
además minutos a minuto lo que acontece en el Salón de Protocolo de El Laguito.
Aquí el texto del Comunicado Conjunto:
Comunicado Conjunto # 76
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:
1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”
2.
Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra
defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y
la persecución de las conductas criminales que amenacen la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”
3. Acuerdo sobre “Refrendación”
I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas
1. Compromisos
El
Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al
surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las
armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por
lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos,
económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política
en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las
ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la
intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso
hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que
contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones
políticas.
Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se
comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese
al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las
armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los
compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la
firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.
2. Objetivo
El
presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y
Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación
definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las
FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en
las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población,
y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la
implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar
la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a
la vida civil.
3. Monitoreo y Verificación
Acordamos crear
un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo
tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza
Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en
una misión política con observadores no armados de la ONU integrada
principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Componente
Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y
Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar
recomendaciones y generar reportes.
Respecto a la Dejación de las
Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las
debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.
4. Adaptación de los dispositivos en el terreno
A
partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las
tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las
FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese
al fuego y Dejación de las Armas.
Por su parte a partir del día
D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate
(UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas
previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento
establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”).
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos.
Las
Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo
garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la
Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la
Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo
económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses.
Estas
Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará
con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía
carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde
se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo
dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que
permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos
de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o
características del terreno.
La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.
El
Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación
de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal
funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el
desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las
regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus
derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y
políticas que tengan presencia en los territorios.
Las autoridades
civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y
continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo
acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las
Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter
político.
Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la
ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo
deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de
reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se
organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.
Durante
la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo
de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a
nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de
Paz.
Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10
de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y
departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de
Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan
con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.
En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.
Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas.
En
caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que
requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad
armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y
Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos
acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La ubicación de
los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo
de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.
En
desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida
civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno
Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación
de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación
en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus
propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de
preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para
facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.
6. Zona de Seguridad
Alrededor
de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber
unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción
de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad
policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona
de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.
7. Seguridad
El
Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos
de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las
potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes
comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo
y la Dejación de las Armas.
Las condiciones de seguridad
implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo
de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados
del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el
proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos
en el terreno.
El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública
continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de
la población civil durante este proceso.
8. Dejación de las Armas (DA).
Consiste
en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la
ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a
la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP.
La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se
desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación
de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos:
registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia,
recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
9. Procedimiento
Con
la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas
de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la
destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento
en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres
fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150,
40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada
por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del
Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Las FARC-EP
contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de
información, con la limpieza y descontaminación de los territorios
afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos
improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos
de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los
puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la
vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción
contra minas.
Para garantizar el control efectivo del armamento en
cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno
de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el
monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del
Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos
concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Recibido el
armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso
de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los
procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento
de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la
opinión pública.
El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.
El
Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una
de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.
Por
último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y
en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-EP
solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan
en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la
Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la
implementación del presente acuerdo.
II. Acuerdo sobre “Garantías
de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables
de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas
criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz”
Este acuerdo está dirigido a brindar
protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional;
medidas de protección a las colectividades, los movimientos y
organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios;
garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos
políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política
legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a
la vida civil.
Adicionalmente contempla la implementación de las
medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral
las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de
este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye
igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del
paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.
El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios:
1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.
2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio
3. Fortalecimiento de la administración de justicia
4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública
5. Enfoque territorial y diferencial
6. Enfoque de género
7. Coordinación y corresponsabilidad institucional
8. Participación ciudadana
9. Rendición de cuentas
10. Garantías de No Repetición
Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a:
·
El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas
necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las
organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que
amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de
las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo
entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que
rigen toda sociedad democrática.
· Las FARC-EP por su parte asumen
el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y
consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus
capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de
los derechos fundamentales.
Las medidas de seguridad y protección
que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares
fundamentales con un enfoque dimensional:
1. Un Pacto Político
Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos,
los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la
nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se
promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto
buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.
2.
Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por
el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el
seguimiento a la política pública y criminal en materia de
desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este
acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar
su ejecución.
3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de
la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las
organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo
establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial
para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía
judicial con expertos en distintas materias.
4. En desarrollo de
lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la creación del
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que
desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección
para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o
partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil,
organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los
territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de
Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las
FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
5. Un
Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y
organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la
definición y adopción de medidas de protección integral para las
organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.
El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:
· El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo.
·
La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como
instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del
acuerdo.
· Instrumento de prevención y monitoreo de las
organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención
para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor
identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor
impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas.
· Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.
