Tomado de:
cubadebate.cu
William Serafino
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El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama, mediante la Orden Ejectuvia 13692, declaró a Venezuela como «amenaza a la seguridad nacional» de los Estados Unidos Foto: Jonathan Ernst/ Reuters.
El primer encubrimiento
El relajamiento parcial (y siempre relativo tratándose de Venezuela) de la situación política, a raíz de las rondas de negociación que empezaron en Oslo y que ahora mismo se desarrollan en Barbados entre el chavismo y la oposición, remarcan dentro del debate político y de medios un tema definitorio para la vida social y económica del país.
Se trata de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.
Antes del último impulso de cambio de régimen de este año con la figura de Juan Guaidó a la cabeza, era común referirse a las medidas coercitivas unilaterales como un acto que sólo afectaba a los funcionarios del gobierno.
Este tratamiento político y mediático se mantuvo durante los años 2016, 2017 y 2018, justo cuando las sanciones se convirtieron en una manifestación concreta de la agresiva política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, encaminada a cristalizar un golpe de Estado mediante herramientas no convencionales o de guerra indirecta.
Sin embargo, desde enero de 2019, cuando la Administración Trump decide embargar ilegalmente los activos de PDVSA (incluyendo su filial Citgo), esta narrativa se vio obligada a mutar por la fuerza del propio acontecimiento.
La inclusión de la estatal petrolera PDVSA en la lista OFAC del Departamento del Tesoro tuvo como resultado inmediato la confiscación de sus activos en los Estados Unidos y la prohibición de realizar negocios por parte de las refinerías de la Costa del Golfo con el petróleo del país. La consecuencia lógica de esta acción de abierta guerra económica sería una pérdida de, al menos, 18 mil millones de dólares tras el secuestro de los activos petroleros, y una disminución de casi medio millón de barriles en ingresos, debido a la prohibición de exportar crudo hacia el mercado estadounidense.
La naturaleza colectiva del bloqueo económico
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, anuncian severas medidas de bloqueo contra PDVSA, 28 de enero de 2019. Foto: AFP.
La naturaleza colectiva y general de estas medidas punitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos hacía imposible que las mismas fueran interpretadas como acciones contra el gobierno. Aunque el asesor de seguridad nacional John Bolton, al momento de anunciar estas sanciones, hizo un notable esfuerzo en convencer a todo el mundo que dichas medidas afectarían al “régimen de Nicolás Maduro” y no a la población, el desastre económico de los últimos siete meses indican justo lo que se intentaba negar.
Y es que el mensaje de Bolton, secundado por el gabinete de la guerra contra Venezuela que es también el propio gabinete ejecutivo de los Estados Unidos, sigue siendo un desafío a la lógica económica más elemental. La interrupción del ingreso petrolero a un país dependiente de esta entrada en un 95%, lógicamente impacta de manera negativa a la población en su capacidad de acceder a los insumos básicos de subsistencia, debido a la interrupción forzada del flujo de las importaciones que mantienen abastecidas el mercado interno.
La incapacidad de mantener esta situación de autoengaño y blanqueamiento provocó que el relato antichavista se reconfigurara agregando nuevos matices, pero manteniendo la misma estructura inicial. Ahora había que aceptar que las sanciones eran generales, que ciertamente afectaban la economía y la constitución material del país y su mayoría social, pero no sin antes agregar como leitmotiv que estas sanciones empezaron en 2019.
Informe Bachelet y el falso debate antichavista
Michelle Bachelet es la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH. Foto: AFP.
En consecuencia, la situación económica de crisis anterior a 2019 no podría explicarse a partir de las sanciones de los Estados Unidos. Este relato cartelizado por medios y políticos del antichavismo recibió un apoyo crucial por parte del informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el cual insiste que la crisis económica es previa a las sanciones, agregando que las mismas agravan esa crisis “preexistente”.
Ese pésimo intento de quedar bien con Dios y con el Diablo, como solemos decir en Venezuela a todo equilibrismo político, en realidad otorgaba verosimilitud a la narrativa del antichavismo que responsabiliza al gobierno de la crisis actual. Otra forma de blanqueamiento institucional para favorecer la aplicación sistemática de medidas de bloqueo económico contra el país.
Igualmente, las medidas coercitivas unilaterales parecieran ser un capítulo continuado de las divisiones internas en el antichavismo. Sin embargo, esta división por el tema de las sanciones, al igual que otros tópicos del acontecer político nacional, corresponden a un falso debate.
Por ejemplo, personajes como el banquero de Torino Capital y asesor financiero del antichavismo, Francisco Rodríguez, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, y otros actores del ala moderada, han comenzado a dedicar buena parte de su exposición pública a condenar el bloqueo económico estadounidense y sus nocivas consecuencias contra el país.
Y este posicionamiento no ha pasado desapercibido para el ala radical. Hace pocos días, el economista y sicario financiero Ricardo Hausmann protagonizó un rifirrafe en redes sociales con Francisco Rodríguez, con respecto al tema de las medidas coercitivas unilaterales. Para Hausmann, las sanciones económicas estadounidenses no afectan la economía, pues según él, en Venezuela “hay hambruna desde 2016”. La afirmación de que las sanciones comenzaron en 2019 viene acompañada por la tesis de que la crisis económica fue producto del supuesto modelo económico fracasado del chavismo.
Este posicionamiento fue compartido por quien dice ser el “Procurador General” de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, quien aseveró que las sanciones no son responsables de la crisis porque se supone, erróneamente según su criterio, que sin estas medidas de presión el gobierno venezolano igualmente no utilizaría los recursos disponibles para resolver la crisis.
El debate subió de tono y simuló ser un enfrentamiento encarnizado entre posturas diametralmente opuestas. Aunque ambas posiciones difieren en si las sanciones afectan o no a la economía, y allí habría que darle la razón a Francisco Rodríguez y Luis Vicente León, comparten como criterio unificado que la crisis es responsabilidad del chavismo y que la misma antecede a las sanciones. Allí es donde radica el falso debate.
Reconstruir el trayecto de una economía bajo asedio: La onda corta 2014-2019
El presidente Nicolás Maduro, junto a Diosdado Cabello y el presidente boliviano Evo Morales, en un acto para exigir que se derogue el Decreto Obama. Foto: teleSur.
Contrario a este relato que intenta imponerse como dominante, lo cierto es que el bloqueo económico contra Venezuela, en términos institucionales, comienza en diciembre con la promulgación de la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil” o “Ley Pública 113-278”. Allí, el Congreso estadounidense otorgó a la presidencia de los Estados Unidos un conjunto de poderes excepcionales (bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para bloquear activos y prohibir transacciones financieras desde Venezuela, utilizando como excusa la “violación de los derechos humanos”.
Esta ley, el 9 de marzo de 2015, ascendería a Orden Ejecutiva (13692) bajo la rúbrica del presidente Barack Obama. El denominado Decreto Obama entraba en acción.
Se toma como punto de inicio de las sanciones estos instrumentos legales, porque precisamente las relaciones comerciales, económicas y financieras entre Venezuela y los Estados Unidos, y en consecuencia la conexión del país con el sistema de pagos internacionales que aún gravita en torno a las plataformas estadounidenses, cambia sustancialmente.
A partir de allí, el sistema financiero internacional tomaría una posición de alerta frente a Venezuela, mientras el presidente de los Estados Unidos contaba con los instrumentos legales necesarios para agredir la economía nacional cuando lo creyera necesario.
En paralelo a esto, durante ciclo 2014-2015, haciéndose extensivo a 2016 y en buena parte de 2017, los precios del petróleo se van a pique, llegando a la alarmante cifra de 20 dólares por barril. Esto implicó para la nación una reducción del 70% de sus ingresos nacionales, lo que a su vez generó una contracción sensible de las importaciones y, en consecuencia, las condiciones para una crisis inflacionaria y de desabastecimiento.
Pero el denominado Decreto Obama (la Orden Ejecutiva 13692) comenzaría a mostrar resultados en 2015 y 2016. Durante esos años, las presiones del Departamento del Tesoro, legalizadas por los instrumentos jurídicos antes comentados, provocan que Citibank, Commerzbank y otros bancos que Venezuela utilizaba como intermediarios para la compra de alimentos, medicinas y pago de deuda, cerraran las cuentas, unilateralmente, de instituciones como Banco Central de Venezuela, PDVSA y el Banco de Venezuela.
Sumado a esto, y producto de dichas presiones del Tesoro, las calificadoras de riesgo estadounidense reaccionan elevando artificialmente el riesgo país (ubicándolo como el más alto del mundo, por encima de países con conflictos bélicos como Yemen, Siria o Ucrania) y presionando una situación de impago en los bonos de la deuda pública.
La consecuencia de estas acciones se traduce en el bloqueo directo de las fuentes de financiamiento de Venezuela en el mercado internacional, donde pudo haber recurrido en 2014 y 2015 para compensar la caída de los ingresos petroleros. Pero, lógicamente, un país que supuestamente “amenaza” la seguridad nacional de los Estados Unidos, no es un candidato fiable para acceder a financiamiento internacional.
Allí radican los efectos prácticos del Decreto Obama.
La actuación de las calificadoras de riesgo, y la obstrucción del financiamiento internacional para el país que generó, agudizó la crisis de la importaciones producto de la caída del ingreso petrolero y precipitó el inicio de una crisis inflacionaria mezclada con un desabastecimiento inducido por los capitales nacionales concentrados que tomaron una posición de revancha, nuevamente, contra el chavismo.
Llegamos a 2017, donde esta política sistemática de bloqueo se legaliza con la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017. Allí, expresamente, se impide a PDVSA recibir financiamiento del mercado estadounidense. A Citgo, en particular, se le prohibía a partir de ese momento repatriar sus ganancias a Caracas.
Otras consecuencias de esta Orden Ejecutiva comienzan a visualizarse en 2018, mediante la aplicación de un embargo petrolero no declarado contra PDVSA y Citgo, generando obstáculos a la venta de su producción en el mercado estadounidense y a la capacidad de la filial estadounidense de contar con cartas de crédito para financiarse.
2018, igualmente, será un año de otras Órdenes Ejecutivas complementarias que buscaban ir cerrando la mayoría de las fuentes de generación de riqueza e ingreso de la economía de Venezuela. Se prohíbe al Estado vender o negociar colaterales de deuda utilizando Citgo, se prohíbe también la venta de oro y las transacciones con la criptomoneda Petro.
Este recorrido nos habla de una tormenta perfecta construida mediante mecanismos de guerra económica y financiera contra la economía, y más importante aún, evidencia que las sanciones comenzaron a afectar al país de forma sistemática y en aumento, desde el año 2014.
Visto así, es falso que las medidas de bloqueo económico iniciaron en 2019. Y es así, precisamente, porque en los años anteriores factores económicos internacionales (la caída de los precios del petróleo) y las presiones directas (manipulación de las calificadoras de riesgo, cierre de cuentas, bloqueo a PDVSA y Citgo), fueron lesionando la economía venezolana y generando las condiciones de la crisis actual, agravada sensiblemente por las sanciones del ciclo 2017-2019.
Dicha tormenta perfecta, y vale decir también, perfectamente planificada para producir un cambio de régimen en Venezuela, combinó la crisis de los ingresos petroleros y la crisis de las importaciones, con mecanismos de presión selectiva dirigidas desde los Estados Unidos para profundizar un socavamiento la economía y los derechos económicos y sociales de la población.
Este proceso alcanza su punto clímax en 2019 con la confiscación y robo de activos petroleros por casi 20 mil millones de dólares, además del secuestro de colaterales en oro y dinero fresco en la banca privada internacional por el orden de los 5 mil millones de dólares. Además, es vital agregar la exclusión por la vía de los hechos del sistema de pagos internacionales, que genera terribles obstáculos para la importación de alimentos y medicinas.
Con la Administración Trump, el bloqueo económico contra Venezuela escaló mediante la aplicación de varias Órdenes Ejecutivas. Foto: Carlos Barria/ Reuters.
La sumatoria de todo esto nos describe un país en la siguiente secuencia de destrucción planificada antes de 2019:
Tras una caída de ingresos y de importaciones no pudo obtener dinero fresco para compensar la situación.
Con recursos mermados, comenzaban a cerrarse los mecanismos de pago para importar, agudizando la escasez de bienes esenciales.
Su industria petrolera comienza a ser obstruida y su filial en Estados Unidos, Citgo, no puede repatriar dinero que necesita. Luego, no puede vender petróleo, lo cual agudiza la caída de ingresos y de importaciones de la primera etapa.
Tiene complicaciones para vender oro y para hacer transacciones en Petro, criptomoneda creada para superar el cierre de los medios de pago.
Vivir en el autoengaño, ya en este punto, no es una opción. Y pensar que el modelo fracasó porque sí, obviando esta estrategia de acoso integral contra el país, tampoco.
(Tomado de Misión Verdad)
