- 03 Enero 2014
- Escrito por: Samuel Blixen
Foto Alejandro Arigón
Bien está lo que bien acaba: hace exactamente siete años, el 4 de enero de 2007, la oscura comedia de Shakespeare, con su trama errática y confusa, parecía haber inspirado al entonces ministro de Economía, Danilo Astori, para impulsar la privatización de Pluna.
Como se sabe, la aventura no acabó bien, pese a los pronósticos del ministro. Aquel 4 de enero Astori anunciaba la privatización en estos términos: “Quiero decirles que el Ministerio de Economía ha venido trabajando permanentemente en este proceso, y quiero destacar cuatro características sobre las que me parece conviene poner énfasis. En primer lugar la profesionalidad con la que se ha manejado el desarrollo del proceso. El hecho de hacerlo profesionalmente es muy importante, porque asegura la búsqueda y el hallazgo de un buen resultado, a la luz del objetivo que estamos percibiendo. Cuando estas cosas no se hacen de esta manera, generalmente terminan mal, terminan con problemas que surgen, a veces con previsión, a veces imprevistamente, y frustran una experiencia de este tipo. En este caso está sucediendo todo lo contrario: profesionales de primera línea están participando en el desarrollo de esta búsqueda y seguramente este es un proceso que va a culminar con buenos resultados para el país”.
Las palabras del ministro hacían inequívocas referencias a la anterior privatización de Pluna, impulsada por el presidente Luis Alberto Lacalle, aparentemente sin profesionalidad. Como se sabe, en este caso la profesionalidad no aseguró el éxito, de modo que su anuncio como algo inevitable refleja cierta soberbia. El desenlace, siete años después, cuestiona en principio aquella profesionalidad, aunque es más exacto decir que el fracaso ocurrió pese a la profesionalidad de los técnicos que intervinieron. El recurso de las comparaciones es relativo y en todo caso los fracasos se explican, siempre, y antes que nada, por causas internas.
Esos elementos son los que, desde el principio, permanecieron ocultos, inconfesos, y son, precisamente, aquellos que hubieran aconsejado un triunfalismo más prudente. De hecho están presentes en las palabras de Astori al anunciar por primera vez la operación de privatización y sus bondades: “Y finalmente el volumen de la inversión, un volumen importantísimo para, no sólo la compañía Pluna, de modo de asegurar la solidez de sus operaciones en su futuro, sino también para la propia economía uruguaya en su conjunto; una inversión de 177 millones de dólares en dos años, tenga el destino que tenga, es para Uruguay una inversión muy importante; en este caso una garantía de la fortaleza con la que operará la compañía en el futuro”. Preguntado sobre la forma en que se concretaría la inversión, Astori explicó: “Hay una suscripción de capital inmediata de 15 millones, luego otros 10 aportados mediante líneas de créditos ya comprometidas, y el resto –o sea 152 millones– es un financiamiento que está fuera de balance para permitir la incorporación de las 20 aeronaves de las que hablábamos hoy”.
Lo que el ministro no quiso explicar fue que ese “financiamiento fuera de balance” por 152 millones de dólares no era una inversión directa –como había informado el ministro de Transporte Víctor Rossi–, no era una capitalización, no era un aporte para la “fortaleza” de Pluna “y de la economía en su conjunto”, sino una garantía soberana del Estado uruguayo para que los nuevos propietarios pudieran negociar la compra de los aviones. El ministro Astori omitió deliberadamente mencionar esa garantía que –hoy se sabe– fue la piedra angular de la negociación desde el comienzo, porque de haberlo hecho el negocio hubiera sido automáticamente cuestionado, no sólo por la oposición política sino por los eventuales interesados para quienes la gestión de Pluna hubiera sido muy atractiva con la garantía del Estado sustituyendo el grueso de la inversión.
La ficción de aquella inversión por 177 millones de dólares se mantenía el 12 de febrero de 2007 cuando, con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, Astori firmó el acuerdo de “due diligence” que concretaría la operación. En la ocasión hizo malabarismos de cifras: el gobierno aportaba el 7 por ciento del capital de la nueva empresa pero se alzaba con el 25 por ciento de las acciones. ¿Cuánto valía aquella garantía por el 100 por ciento de la compra de aviones, que se seguía manteniendo oculta? Astori habló de las salvaguardas y los poderes de la comisión fiscal que otorgaban un control excepcional, Pues bien, las 20 aeronaves –que, según Astori, “van a lograr una transformación total de Pluna, no sólo jerarquizándola como línea fundamental en la región, sino además propulsándola como línea fundamental para constituir puerta de entrada y de salida de pasajeros originados y destinados en Europa y en Estados Unidos”– fueron apenas siete, y por ellas el Estado debió asumir una deuda de 137 millones de dólares con el Scotiabank, es decir, con el principal accionista del cuarto banco en importancia en Uruguay, el Nuevo Banco Comercial. La jerarquización, en los hechos, comenzó por la eliminación de los vuelos a España; y los controles terminaron, como se sabe, en el vaciamiento que condujo al procesamiento con prisión de los principales ejecutivos de Leadgate.
Alguien podría escribir una comedia sobre la historia –la historieta– iniciada en 2007: “Termina mal todo lo que comienza mal”. Una historieta que tiene tres principales responsables: el ministro Astori, que ensayó una especie muy particular de profesionalismo; el ministro Rossi, que puso la cara sin cortar ni pinchar; y el presidente Vázquez, que otorgó expresamente el respaldo político. Resulta sugestivo que la versión de las palabras de Astori del 4 de enero de 2007 en la página web de la Presidencia contenga algunas diferencias significativas con el audio reproducido hace algunos días en los programas periodísticos de radio Sarandí. En la versión oral Astori aparece mucho más enfático en anunciar el éxito del proceso como derivación inevitable de lo bien que se había iniciado; pero también hacía referencias expresas al respaldo que la iniciativa tenía del propio presidente Vázquez. La transcripción escrita omite esas referencias; y, por otro lado, el archivo de audio de esa jornada no está, como sí lo está el archivo de las palabras de Astori del 12 de febrero.
Siete años después, el ahora vicepresidente Astori ensaya una explicación de lo ocurrido: “Las opciones eran: dejar caer por completo a Pluna; que el Estado se hiciera cargo (no nos pareció correcto, porque ya se había gastado mucho dinero); y la tercera, buscar un socio”. Aun ahora, con los resultados a la vista y las resoluciones penales, Astori mantiene una mirada inocente sobre Leadgate y Matías Campiani: “Pusimos todo el empeño en buscar un socio que pudiera llegar a un resultado positivo; la experiencia fracasó. Analizamos todas las posibilidades, Leadgate fue la única que puso 2 millones para comprar el pliego y la única que puso 15 millones de dólares” de capitalización.
Explica de una manera muy peculiar el desastroso desenlace: “La caída a mi juicio fue por tres razones: el desequilibrio entre las (pocas) frecuencias y la flota; la relación entre capital propio y financiamiento, la firma se endeudó exageradamente; el precio del combustible, que era el más alto de toda la región, mucho más alto que el de sus competidores”.
Y elude empeñosamente comprometer su responsabilidad. ¿Se siente responsable?, le preguntan. “Después de haber visto los resultados, la verdad es que la experiencia terminó en fracaso. Fue una experiencia que se hizo con la mayor buena fe por parte de todos, con la mejor intención de parte de todos, y que salió mal.”
“Salió mal” es una pobre explicación para el costo de la aventura (una pérdida de cerca de 300 millones de dólares). Es insuficiente para todos los puntos que continúan oscuros: el otorgamiento de la garantía; la elección de Leadgate a partir de la opinión de un broker; la compra de aviones canadienses (que no son usados en la región); el descarte de un negocio con Brasil, más barato y bajo el paraguas de la integración regional; el endeudamiento con un banco que decidió instalarse en plaza; la incomprensible incapacidad de los representantes estatales para enfrentar y oponerse a los negocios y negociados que terminaron en quiebra y vaciamiento.
La buena fe y la mejor intención rechazan insinuaciones de corrupción, y seguramente es correcto, aceptable. Pero no diluyen las responsabilidades políticas de decisiones que no han sido justificadas y que no se explican por ingenuidad o ineptitud.
Nacional - SECUELAS DE PLUNA
Estado prepara un juicio civil contra Campiani y sus socios
El acuerdo de indemnidad firmado con Leadgate en junio de 2012 abría la puerta a juicios civiles si había responsabilidad penal y Pluna Ente Autónomo decidió recorrer ese camino una vez que haya sentencia firme
+ - 03.01.2014, 05:00 hs
Texto: El Observador
Para eso se solicitó a la División Jurídica que analice “a la mayor brevedad posible las eventuales medidas que pudieran adoptarse para resguardar el derecho de Pluna Ente Autónomo y el Estado uruguayo”, establece la resolución, votada por los directores Ignacio Berti, Jorge Perazzo y Daniel Delgado Sicco.
Según explicaron las fuentes, la resolución establece que “visto los procesamiento decretados por la Justicia a los ex directores por los accionistas privados mayoritarios en Pluna S.A”. y “resultando necesario evaluar la necesidad de oportunidad de iniciar acciones judiciales por parte del ente en defensa de los intereses del ente y el Estado Uruguayo ante los eventuales daños y/o perjuicios que pudieran haber sido ocasionados por el accionar de dichas personas”, se decidió seguir el camino de la demanda.
La indemnidad
Cuando el 15 de junio de 2012 los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, firmaron con Leadgate, en representación del Estado, el memorándum de entendimiento por el cuál Campiani y sus socios se desprendían de las acciones en Pluna Sociedad Anónima al no estar en condiciones de capitalizar a la empresa, acordaron también un “compromiso de indemnidad” para evitar reclamos civiles en cualquier dirección.
Si bien ese acuerdo generó una amplia polémica, es el que permite ahora a Pluna Ente Autónomo recurrir el camino judicial porque excluía de la indemnidad a aquellos hechos en los que mediaran delitos penales.
“El Estado y Pluna Ente Autónomo declaran que nada tienen que reclamar a SAO (Sociedad Aeronáutica Oriental), a Leadgate, a sus accionistas directos o indirectos, ni a los directores -incluyendo por sus funciones como personal superior- ni al miembro de la Comisión Fiscal designados por los accionistas de la Serie B de PLUNA, y se obligan a no promover contra ellos reclamación de ninguna especie, ni directamente ni a través de PLUNA, con causa en hechos o circunstancias en relación a PLUNA, salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia penal ejecutoriada”, establece el artículo cuarto del memorándum de entendimiento.
Por esa razón es que deberán esperar el fallo final. Si bien Campiani, Hirsch y Álvarez están procesados con prisión, resta la “sentencia penal ejecutoriada” (que quede firme) a la que hace referencia el memorándum. Lo que la jueza Adriana De los Santos resolvió el 21 de diciembre (ver Claves) es iniciar el proceso al encontrar semiplena prueba de delito.
Ahora la defensa, a cargo de Jorge Barrera, deberá definir si apela ese auto de procesamiento o no. Luego de eso se inicia definitivamente el proceso que –incluyendo el fallo de un Tribunal de Apelaciones– puede demorar más de tres años. Recién ahí, y si se condena a los empresarios, podrá empezar la demanda civil.
Salida de Olivera
El otro punto que resolvió el directorio de Pluna Ente Autónomo esta semana fue la desvinculación del abogado Ricardo Olivera García, quien había sido contratado para asesorar en la creación del fideicomiso que hasta la semana que viene administrará los aviones. Según informó Búsqueda el profesional todavía mantenía tareas pendientes y por eso decidieron pasar esas funciones al departamento jurídico del organismo.
Olivera fue contratado en julio de 2012 con el voto de los dos representantes oficialistas en el directorio de Pluna Ente Autónomo y con el rechazo del opositor Daniel Delgado Sicco (Partido Nacional).
La salida de Olivera ya estaba pactada desde el fallo de inconstitucionalidad contra la ley que él redactó. Pero en la interpelación del 16 de diciembre Lorenzo lo defendió, lo que molestó al presidente José Mujica. “No entiendo qué hace el señor trabajando aún para el fideicomiso”, declaró hace tres semanas a Búsqueda.
Claves del fallo penal
Grupo criminal. Los representantes de Leadgate en el directorio de la ex Pluna componían “un grupo criminal organizado”, expresa la jueza Adriana de los Santos en el auto de procesamiento.Pérdidas camufladas. Antes de retirarse del negocio, “se incrementó el valor de los aviones y un inmueble (revaluación neta de amortizaciones de activos), lo que generó un ajuste al patrimonio por U$S 27.652.823, disminuyendo así el patrimonio negativo. (…) Tal maniobra permitió disminuir las pérdidas de la empresa, demostrando una situación patrimonial financiera que no respondía a la realidad”, expresa la magistrada.
Maniobras. El objetivo de Campiani era “incrementar el valor” de la empresa “para su posterior venta, obteniendo así una ganancia”, entiende De los Santos. Pero la jueza advierte en el auto de procesamiento que “ese aumento de valor no operaba necesariamente por la mejora de la empresa, sino por el despliegue de una serie de maniobras y estratagemas”.
Gastos. Apenas se integró al directorio de Pluna en junio de 2007, Campiani argumentó que su empresa, entre febrero y junio, realizó gastos, y que esos gastos debían ser reembolsados por el Estado. “Leadgate Investment Corporation recibió pagos reparatorios por parte de Pluna Ente Autónomo por US$ 618.784, imputables según los indagados al concepto ‘Pasivos ocultos’, pero no aclarando cuál era el pasivo oculto en el caso específico por el que se verificó dicho pago”, expresa la doctora De Los Santos.
Capital. Al mismo tiempo que recuperaban el dinero invertido rápidamente, Campiani y sus socios aumentaban el capital de la aerolínea a través de la compra de aviones a crédito (que luego de su partida, el Estado pagaría o pagará), de la venta de bienes, de la sobrevaloración de los bienes que conservaba y del cobro de bonos, dice la jueza.
Abuso de funciones seguirá vigente
Luego que el presidente José Mujica se manifestara en contra de derogar el delito de abuso de funciones mientras pese el pedido de procesamiento sobre Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, el resto del Frente Amplio se alineó a esa postura. El prosecretario Diego Cánepa dijo al programa Quién es Quién de Diamante FM, que el FA estuvo siete años en el Parlamento con mayoría y no lo derogó. Criticó a quienes “se rasgan las vestiduras” y antes no votaban el cambio. El senador Rafael Michelini planteó la derogación pero en 2007 se opuso a un proyecto similar de Julio María Sanguinetti. Pero incluso en el astorismo no están de acuerdo con derogarlo ahora, según declaró el diputado José Carlos Mahía al portal UyPress. Cánepa cree que cuando se derogue hay que crear otros delitos para cubrir posibles irregularidades.
Tomado de http://noticiasuruguayas.blogspot.com/
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