lunes, 13 de mayo de 2013

Entrevista Fiscal Viana; SITIOS HISTÓRICOS, SERÁN ALTERADOS POR UN INTERÉS ECONÓMICO

“LA DIGNIDAD Y EL HONOR DE GENTE DEL PASADO, SITIOS HISTÓRICOS, SERÁN ALTERADOS POR UN INTERÉS ECONÓMICO”


“Yo hago un poco una comparación, cuando uno a veces observa distintos movimientos a nivel de América, movimientos indígenas que protegen lugares sagrados y lugares santos o que tienen una significación religiosa para estos grupos autóctonos, indígenas, uno lo mira con respeto pero a veces con cierto asombro porque no tenemos, quizás hemos perdido esa vieja etnia autóctona del país. Pero creo que este tipo de situaciones nos enfrenta a situaciones similares. Indudablemente que desde el punto de vista patriótico esas tierras son sagradas, deberían ser sagradas para los uruguayos, son las que nos dan el origen y lo que somos actualmente. Entonces, que se hable de negociar parte de esos territorios realmente llama la atención”, dijo el fiscal Enrique Viana el martes 7 de mayo en “Mañanas de Radio”. Entrevista que transcribimos a continuación y que Usted puede escuchar/descargar en estos links:
https://soundcloud.com/user537629312/entrevista-de-efra-n-chury
https://soundcloud.com/user537629312/entrevista-de-efra-n-chury-1

Efraín Chury Iribarne: Un titular dice: “Fiscal Enrique Viana intima a Ministerios y a la Intendencia de Soriano por Cereoil. Instancia judicial. Toda la riqueza artística o histórica del país sea cual fuere su dueño constituye tesoro cultural de la Nación que estará bajo la salvaguardia del Estado, dice así la Constitución de la República. Por ello en 10 días los Ministerios de Cultura, Medio Ambiente e Industria y la Intendencia de Soriano deberían responder a las intimaciones que presentó el fiscal Enrique Viana ante la posibilidad de instalación de la planta aceitera en el parque Lavalle impulsada por Cereoil Uruguay S.A.”
Pues qué mejor que para esclarecer todo esto que recibir al fiscal Enrique Viana, a quien le agradecemos la visita y le damos la bienvenida.
Enrique Viana: Bueno, muchas gracias, muy lindo estar acá como siempre.

EChI: Bueno, empezamos por el encabezado de una noticia. Hoy no es el tema excluyente pero es el tema principal por el cual te habíamos convocado.
EV: Muy bien, es así, como tú mencionabas. Según la información que nosotros poseemos y que ha trascendido públicamente, hay una intensión de que parte de la planta industrial de esta empresa dedicada a fabricación de aceite aparentemente a partir de soja, una planta industrial que va a estar ubicada sobre o muy cercano a la rivera sobre el río Uruguay en la zona de la Playa de la Agraciada, bueno, parte de esa instalación, parte de ese asentamiento, de esa industria estaría con intensiones de ocupar uno de los inmuebles declarados monumento histórico oportunamente, en virtud de que toda la zona recuerda el Desembarco de los 33 Orientales, la Cruzada Libertadora.
Son de esas situaciones que llaman mucho la atención porque se supone que la normativa es profusa y abundante a los efectos de proteger determinados patrimonios históricos frente a cualquier interés particular que pueda existir.
Sin embargo acá hay una fuerte presión para que parte de ese recordatorio que suponen esos inmuebles sean ocupados. Es más, se me ha dado mucha información al respecto, sobre todo de gente que conoce la zona, esos inmuebles fueron en su momento donados cuando en la Presidencia de Máximo Santos se pretendió comprarlos, quien era propietario, quien era sucesor de los viejos propietarios que facilitaron la llegada de los 33 Orientales, el sucesor dijo poco menos esto, que de ninguna manera iba a vender esos territorios, que él los donaba al Estado porque debían recordar dónde había surgido la Cruzada Libertadora.
Fíjense ustedes ese tipo de cosas que marcan la dignidad y el honor de gente del pasado, cómo de un plumazo puede ser alterado o modificado por un interés económico que yo supongo que podría instalarse en cualquier otra parte del territorio nacional y no tendría mayores dificultades para hacerlo. Pero ese es el lugar elegido y como ese es el lugar elegido dejamos de lado todo lo que hace al recordatorio histórico tan importante para un país o para una nación.

EChI: Sí, yo estaba leyendo por aquí justamente lo que refería, done se destaca en el escrito el origen público del padrón 4264 cuando fue donado al Estado e el año 1888 por parte de Don Ángel Cabañas Ruiz que se dirigió al entonces presidente Tajes.
EV: Tajes, sí.
EChI: ... diciendo que quiera aceptar la donación que hago al Estado de esas queridas arenas para que sean declaradas propiedad nacional así como también mis humildes votos para que su excelencia prosiga honrando la memoria de los próceres de la independencia y gobernando para todos y con todos los orientales.
Y luego hay un recuerdo que hace Viana en esto que en el año 1952 por ley el Parque Nacional Juan Antonio Lavalleja en el padrón 4264 fue declarado patrimonio histórico.
Bueno, por allí aparentemente lo que quiere el gobierno nacional y lo que quiere el gobierno de Soriano es instalar una fábrica que ocupe esos lugares y que elabore aceite de soja. ¿Esa sería concretamente la situación?
EV: Sí, exacto.
Nosotros hemos presentado un escrito que le correspondido al Juzgado Civil 9º, acá en Montevideo, la Justicia se ha pronunciado favorablemente en cuanto al pedido de informes, y bueno, eso se está tramitando en estos momentos.
Yo hago un poco una comparación, cuando uno a veces observa distintos movimientos a nivel de América, movimientos indígenas que protegen lugares sagrados y lugares santos o que tienen una significación religiosa para estos grupos autóctonos, indígenas, uno lo mira con respeto pero a veces con cierto asombro porque no tenemos, quizás hemos perdido esa vieja etnia autóctona del país. Pero creo que este tipo de situaciones nos enfrenta a situaciones similares. Indudablemente que desde el punto de vista patriótico esas tierras son sagradas, deberían ser sagradas para los uruguayos, son las que nos dan el origen y lo que somos actualmente.
Entonces, que se hable de negociar parte de esos territorios reamente llama la atención, a mí me llena de sorpresa.

EChI: Claro, uno tiene que pensar, y esto lo pensamos nosotros como adoradores de cosas, qué pasa con este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, hay ediles que pertenecen a la fuerza nacional de gobierno que se han opuesto a esto. Pero sin embargo el propio gobierno nacional, de la mano de su Presidente, está totalmente de acuerdo con esto.
Pero se da otro fenómeno que a uno le llama poderosamente la atención, el mentado celo de un partido que es histórico en el Uruguay, nadie va a negar la historicidad de Partido Nacional, que acompañe al gobierno frenteamplista en la instalación, en el lugar donde desembarcaron los 33 Orientales, de una planta de aceite derivado de la soja. Esa es la realidad.
¿Y en esos 33 Orientales quién venía? Venía el fundador del Partido Nacional, venía Manuel Oribe.
Entonces, aclaro esto no como una pregunta para Enrique Viana sino como una aclaración histórica de lo difícil que le resulta a un uruguayo entender lo que está pasando en su país. Eso sería, el valor histórico.
¿Cuánto vale en el Uruguay que algo sea un monumento histórico?
EV: Son valores abstractos.
Yo respondería un poco la reflexión tuya de esta manera, muchos podrán decir: “la necesidad tiene cara de hereje”, y en verdad tiene cara de hereje. Pero yo creo que, justamente, existen determinadas disposiciones constitucionales y legales que le ponen freno a ese tipo de herejías, por decirlo de alguna manera, le ponen coto. Dicen hasta aquí se puede llegar, pero más de aquí no.
Es decir, hay determinados bienes, determinados valores que –como tú bien dices- no es el valor patrimonial lo que importa sino que es el homenaje que uno hace a quienes dieron tanto por todos nosotros. Ese es el sentido de declarar a un inmueble equis monumento histórico. No es el valor en sí del inmueble, ni la belleza ni el lugar geográfico donde esta ese inmueble, sino que es la razón histórica de por qué ese inmueble tuvo trascendencia, por qué ese lugar tuvo trascendencia.

EChI: Sí, de verdad creo que ahí está la clave.
Pero en definitiva, la situación está planteada y hasta ahora en el Uruguay aquello que el gobierno se propuso, que el Poder Ejecutivo se propuso en materia de enajenación de territorio, de nuevas experiencias muchas veces lesivas, o supuestamente lesivas inclusive para el medio ambiente, las llevó a cabo. Vale decir que el planteo hecho por el fiscal Viana es algo así como ese último acto de defensa que alguien hace para ver si puede parar algo porque por los otros conductos hasta ahora esto ha seguido adelante.
EV: Sí, en cierta medida es así. Cuando una Fiscalía, en el caso de quien habla, interviene, es el último de los recursos ¿no?
Acá hay una cosa interesante que yo sumo un poco a lo que decía, nosotros le estamos pidiendo información y anunciamos una eventual demanda futura ya identificando como posible demandado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Porque en la cabeza del MEC es donde está la responsabilidad por la protección del patrimonio histórico del Uruguay, entre otras cosas. Entonces, es allí.
Tenemos entendido que la comisión de patrimonio tenía una opinión contraria a esto que se está proyectando de instalar parte de la planta aceitera en esos inmuebles, vamos a ver si esa información se aporta y si se confirma.
 Eso es muy importante porque es la oficina, la dependencia pública dentro del MEC que emite una opinión técnica en un tema de estas características ¿no? La opinión técnica no obliga, no vincula a la autoridad del Ministerio y al Poder Ejecutivo, pero el hecho de que se confirme que existe una opinión contraria en ese sentido es un respaldo a que el deber ser de alguna manera ha sido correctamente defendido por esa comisión. Vamos a tratar de confirmar si eso es así.

EChI: La ‘reforma naranja’ del 66, criticada por sus opositores porque lo que daba era poderes omnímodos al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República. No hemos encontrado tampoco en el Parlamento que haya mucha preocupación porque eso no sea así, lo que determina la reforma naranja de 1966.
Pero en definitiva, cuando tú hablabas del MEC, ¿lo de los Ministerios es coincidencia con lo que emana de la receta que cumple el Ejecutivo? ¿Se puede esperar algo más o no?
EV: Sí, dos cuestiones que me interesa resaltar. Desde 1966 al momento actual creo que la crítica que se le podía hacer a la Constitución que nos rige todavía, pese a pequeñas modificaciones que han surgido, han quedado como bebé de pecho frente a determinadas delegaciones de competencias que se han verificado en los últimos tiempos. Yo pongo siempre el ejemplo de una ley, que incluso yo invoco en ocasión de este planteo, que es la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta ley supone una suerte de cheque en blanco por el cual el legislador le otorgó al Ejecutivo la posibilidad de cercenar derechos,  ilimitar derechos individuales y colectivos prácticamente sin límites al Poder Ejecutivo. Y como eso un sin número de legislaciones por las cuales se ha producido una verdadera delegación de poder.
Aquello que estaba previsto en la ley, la propia ley lo delega, el propio legislador lo delega en manos del Ejecutivo. Entonces ya eso ha superado incluso aquellas críticas, compartibles o no compartibles, que se hacían respecto de la Constitución del año 66.
En cuanto a lo otro que tú me preguntas, ahí hay una cuestión donde yo siempre centro la discusión que es, los Ministerios, la administración central tiene en sus distintos cuerpos de funcionaros públicos técnicos, profesionales, médicos, químicos, abogados, biólogos, personas o dependencias que tienen la idoneidad para opinar sobre la protección del bosque nativo, para opinar sobre la protección del patrimonio histórico del país.
Cuando el Estado se ha preocupado de eso en realidad lo que está invocando es un verdadero sentir republicano. Es decir, necesita a los técnicos para que se pronuncien de acuerdo a su ciencia, de acuerdo a su conocimiento de la materia que sea.
Ahora, mientras eso ocurre, más allá de que los técnicos estén en el error o en el acierto en lo que se pronuncien, bueno, el mecanismo funciona, la República funciona.
Ahora, cuando esas opiniones técnicas, que no son vinculantes en su mayoría para la opinión definitiva que es la opinión del Poder Ejecutivo, del presidente actuando con el ministro respectivo, cuando esos informes técnicos son un mero disfraz de una opinión que no es técnica, que de alguna manera esconden una opinión que no es técnica ahí el mecanismo se descalabra.
Yo creo que la existencia de profesionales, la existencia de estas comisiones especializadas, de estos técnicos especializados es muy buena. Y en la medida en que ellos se pronuncien de acuerdo a su ciencia y de acuerdo a su leal saber y entender, es muy bueno. Porque más allá que a posteriori la decisión del Ministerio respectivo, de la autoridad ministerial sea distinta a la opinión técnica, de cualquier manera queda el antecedente de la opinión técnica negativa.
Entonces, para el ministro le va a ser mucho más difícil fundar una postura contra la opinión técnica que una postura de acuerdo con la opinión técnica. Y eso dará pie a los reclamos judiciales respectivos, y ahí vamos a aterrizar al otro Poder del Estado my a reclamarle al otro Poder del Estado que actúe como tal.
Pero yo creo que es importante resaltar eso, defender los criterios técnicos profesionales cuando estos se manifiestan. En el Uruguay a veces no le damos importancia al hecho de que el Estad tenga entre sus funcionarios públicos profesionales. Porque si no lo otro sería que el Estad no tuviera técnicos ni profesionales y que las decisiones siempre fueran las decisiones del rey, por llamarlo de alguna manera.
Si el Estado es una República y parte de ser una República es respetar o tener en cuenta las opiniones técnicas. Ese es un poco el razonamiento, con el cual quiero contrarrestar de alguna manera, intento contrarrestar sin mucho éxito tu idea de, ¿de qué sirve tener esperanza en un Ministerio si la opinión siempre va a estar marcada por un lineamiento de proteger la inversión de Cereoil en la instalación en la Playa de la Agraciada.

EChI: Hablaba de la República, ¿qué derechos da la República al ciudadano? ¿Porque el ciudadano tiene allí derechos que puede hacer valer para cambiar la realidad de los acontecimientos?
EV: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Siempre se ha dicho lo siguiente, para decirlo gráficamente, cuando uno vive en una República es ciudadano, y para vivir en una República hay que ejercer la ciudadanía. Y ejercer la ciudadanía supone estar alerta y atento frente a lo que hace la autoridad. Se supone que en una República gobernantes y gobernados están en un plano de igualdad en cuanto al cumplimiento del derecho. Distinto de una monarquía done no existe  la ciudadanía, donde no existe el ciudadano sino lo que existe es el súbdito. Esa es la distinción original entre monarquía y República.
Ahora, la República demanda determinadas cuestiones que tienen que ser respetadas, entre otras, la separación de los Poderes y la independencia de los mismos. Quienes actúan en los distintos Poderes del Estado tienen que actuar con independencia. Y cuando uno más apunta a la idea de la independencia apunta sobre todo al Poder Judicial, no podemos tener un Poder Judicial que tome decisiones en función de las decisiones de otro Poder del Estado como es el Poder Ejecutivo. Tenemos que tener un Poder Judicial independiente que cumpla su función de juzgar los actos de los ciudadanos y de los gobernantes de igual manera.
Creo que hoy, en los tiempos actuales, estamos teniendo una crisis en ese aspecto. No se juzga a los gobiernos a los gobernantes en sus conductas de la misma manera que se juzga a los individuos, a los ciudadanos.

EChI: Nos llegan mensajes de los oyentes: “Que ex-guerrilleros se arrodillen ante las multinacionales es vergonzoso, pero qué gratificante es que un fiscal defienda la tierra y la vida humana. Felicitaciones por la invitación a Enrique Viana y felicitaciones por el trabajo que Viana está haciendo”, dice Adrián de La Curva.
EV: Muchas gracias Adrián, muchas gracias.

EChI: Seguramente lo que nos falta redondear es que sobre este trabajo, uno más de los tantos que te han tocado en suerte, con menos éxito, con mayor éxito, eso no es lo que importa creo, lo que importa es hacerlo. ¿Para cuándo se sabrá algo?
EV: Bueno, yo pienso que posiblemente el mes que viene ya vamos a tener esa información incorporada en el expediente. Los trámites judiciales llevan su tiempo pero la decisión judicial fue favorable al pedido de informes y se está tramitando. O sea que en los próximos días el alguacil del juzgado hará la intimación respectiva en los Ministerios, luego se mandará un oficio a allá a Soriano para pedir información a la Intendencia también pero yo entiendo que en el próximo mes ya vamos a tener la información completa al respecto.

EChI: Bien, yo quería aprovechar la visita del fisca Enrique Viana porque el Grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua y la Comisión Rivera por la Vida Saludable y Sustentable y el Agua, “expresan su preocupación ante recientes hechos ocurridos en sus departamentos que buscan seguir expulsando a la gente del campo del trabajo de toda una vida y dejar sin trabajo a los peones rurales en los últimos tiempos.
El viernes 3 de mayo salió publicado en un  semanario el pedido de más de 80 padrones en la sexta y séptima sección catastral, dije 80 padrones solicitados para minería. Luego de la tercera publicación en dicho semanario los vecinos tienen 10 días hábiles para interponer recurso administrativo ante la DINAMIGE y así expresar su negativa a que entren a su predio”.
¿Tan frágil es el derecho que tiene quien ocupa un padrón que en ese plazo quede sin poderes frente al mismo?
EV: Bueno, ha dicho la palabra correcta, en efecto, hay una fragilidad inmensa.
Este mismo episodio está ocurriendo aparentemente en Rivera, por la información que me dieron ayer, y viene ocurriendo también en el departamento de Lavalleja. Sin contar obviamente la situación que ya venía de antes en la zona de Treinta y Tres y Cerro Largo.
Hay una fragilidad por lo siguiente, es a veces una cuestión que yo he visto que hay alguna confusión a nivel parlamentario incluso. Esta nueva forma de minería que se está proponiendo en el país, esta minería de gran porte, megaminería, minería a gran escala, supone eso, escalas impensadas para el viejo código de minería. La minería que nosotros conocimos siempre fue una minería de pequeñas dimensiones. Más allá de que hay gente que lo reconoce, me dice: pero mire que en Minas de Corrales hace tiempo ya que la minería se ha vuelto más extensiva, ocupa territorios mucho más importantes y es cierto.
Pero ahora se piensa extender esa minería de gran desplazamiento, de gran ocupación territorial a otras partes del país. Y realmente es una minería que, para tratar de describirla en dos palabras, es una minería expropiatoria porque supone que es incompatible con cualquier otra forma de vida o actividad, de vida humana, animal y vegetal. Es incompatible con cualquier otra actividad. Donde se instala esa minería a gran escala que ocupa grandes territorios no hay otra actividad que se pueda hacer que esa minería. Y es por consecuencia de esas características de ser expropiatoria, de obligar de alguna manera a particular a tenerse que ir, ya no en beneficio de una expropiación hecha por el Estado sino en beneficio de una expropia de hecho o de facto hecha por otro particular, por otro privado, por un interés económico mucho más poderoso obviamente.
Y es una minería que al mismo tiempo de ser expropiatoria es desplazante, desplaza a toda la población. Hay quienes hablan incluso de que la minería de estas características provocan un cambio en el clima, se produce un microclima, un nuevo clima. En el lugar donde antes había una pradera y determinada actividad agropecuaria, ahora va a haber cráteres, polvo en el aire, grandes diques, escombreras, todo eso ocupando un vasto territorio...

EChI: Y el riesgo de usar productos que son más peligrosos que los agrotóxicos.
EV: Sin duda, sin duda.

EChI: Inclusive el cianuro.
EV: Sin duda, en la minería de hoy, y eso ya está ocurriendo en Minas e Corrales.
Ahora, si alguien me pudiera decir que esa forma de actividad industrial, porque es una actividad industrial, genera y provoca un cambio social circundante, por decirlo de alguna manera. Mejora la calidad de vida de las poblaciones inmediatas, cambia radicalmente una situación de vida más humilde, una situación de vida mejor.
Bueno, uno podría encontrar un juego de compensaciones o de activos y de pasivos. Pero eso no es así, y la propia zona de Minas de Corrales es la prueba de eso. Es la misma situación que vemos, yo no me canso de decirlo, en Fray Bentos. La ciudad donde viví toda mi niñez y que tengo un gran cariño, sigue siendo la misma ciudad, en el mismo grado de humildad y de pobreza que era cuando yo viví hace 40 años. Y sin embargo tiene una de las fuentes de riqueza más importantes, la mayor inversión de Finlandia fuera del país, la mayor inversión en el Uruguay, hasta Montes del Plata al menos, realizada en el Uruguay, y a pocos kilómetros de esa gran inversión vemos una ciudad que sigue siendo una ciudad pobre.
¿Cómo se explican estos fenómenos? Bueno, se explican por la razón de que estas grandes inversiones no aterrizan en el territorio nacional si no tienen una serie de beneficios. Y esos beneficios, económicos, jurídicos, de toda índole, supone que el gran dividendo no pisa en esta tierra, se va directamente para afuera. La prueba está, yo siempre pongo como ejemplo el tema de mineroducto de Aratirí. Es decir, cómo podemos estar pensando, todavía hay gente que insiste en que puede haber una siderurgia nacional a partir de Aratirí, si lo primero que exige Aratirí es un caño por el cual llevarse todo el hierro.
Hay veces que las cosas visuales deberían tener un efecto más fácil de interpretar que cualquier otra consideración jurídica o de otro tipo...

EChI: Sí, sí, ciertamente.
EV: Hay una cuestión también interesante ¿no? hay un intento por responder a esa situación de que el código de minería es una herramienta sumamente frágil y muy poco adecuada para defender los intereses del vecino o del pequeño productor rural, y es este proyecto de ley de minería de gran porte.
Lo que sucede es que el proyecto de ley de minería de gran porte no busca esa protección sino lo que busca es todo lo contrario, lo que busca es legitimar de alguna manera el daño a gran escala, el daño grave ambienta a gran escala que esta minería a cielo abierto, es darle aviso de legitimidad.
Incluso se ha cambiado la redacción ahora a último momento en Diputados, aquello que decía en el artículo 1º que era el definitorio prácticamente de la ley que decía que la minería de gran porte es aceptable. Ahora se lo sustituyó por una nueva expresión que dice, la minería de gran porte es de interés general y de utilidad pública. Genera procesos de desarrollo sostenible del país y respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso.
Bueno, en los hechos es decir de otra manera que la minería de gran porte es aceptable, va a ser aceptada y  va a ser legitimada.
Lo interesante es que se habla de interés general. Entonces, tenemos un interés general en la protección del medio ambiente y un interés general de que no se deben causar daños graves al medio ambiente a nivel constitucional. Y a nivel legal tenemos un interés general en que se causen daños graves al medio ambiente con la minería a cielo abierto.
¿Cómo debería resolverse eso? Bueno, obviamente debería resolverse por una inconstitucionalidad, la ley no puede establecer excepciones a una norma constitucional. Y eso será lo que haremos oportunamente si este proyecto se transforma en ley.
Pero me quiero referir a que cuán poderoso es el ejercicio que hacen habitualmente estas empresas que obtienen una normativa hecha a su medida, una normativa para obviar el cumplimiento de la Constitución.

EChI: Uno no tiene otra alternativa que reflexionar sobre algunos aspectos de lo difícil que es la lucha o e trabajo, porque en definitiva esto es trabajo, defender las cosas que estamos comentando. Los trabajadores que fueron al 1º de Mayo del PIT-CNT se encontraron con que eran culpables de delincuencia, porque si uno suma las palabras de dirigente Richard Reed, esto fue discusión ayer en otro programa que había una alegría enorme por lo que había dicho Reed, naturalmente de los empresarios, todo lo que dijo Reed era en desmedro, es descalificación de los trabajadores el país. Y eso ocurría en el acto de celebración del 1º de Mayo llamado Día Internacional de los Trabajadores.
¿Esto a qué nos estaría acercando o llevando? A que dentro de poco habría que enorgullecerse de la acción de aquellos que no luchan, de aquellos que no trabajan por salvar a su país o a su gente. Entonces, creo que hay una campaña, no estoy acusando orquestaciones ni cosas por el estilo, aquí hay una campaña de descalificación de lo que puede determinar el ser humano para ser mejor, o por lo menos tratar de alcanzarlo, el destino suyo y el de su familia. Estamos entrando en eso.
Por eso, porque valoro la lucha de aquellos, que son muchos, que son estos que juntaron firmas y que hacen una marcha, que es el planteo frente a Cereoil que ha hecho el fiscal Viana, que pueden ser muchos otros pero que en definitiva aparecen como las parias de una lucha en el fondo bastante y lamentablemente solitaria. Hay que tener una voluntad de fierro ¿no?
EV: Sí, es así.
Yo, siguiendo un poco tu idea pongo otros ejemplos ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en estos últimos tiempos el silencio del sindicato de funcionarios de OSE y el silencio de la Comisión para la Defensa del Agua y la Vida, que en su momento promovieron la reforma del 2004 que tanto apoyo tuvo de parte de la población, casi un 70% de la ciudadanía votó esa reforma. Y sin embargo hoy, cuando tenemos cuestionamiento, serios cuestionamientos en cuanto a que se está violando lo que la reforma constitucional calificó como derecho humano, el acceso al agua potable, sin embargo hay un silencio muy llamativo de estas organizaciones.
Yo por eso creo, como tú decís, a veces hay voluntades férreas y a veces hay voluntades no tan férreas, que se tuercen con el tiempo ¿no?
En el mismo orden, no me gusta hablar de la actividad de mis colegas, pero siempre he tenido, yo no integro el gremio de la Asociación de Fiscales, pero no veo en mis colegas actitudes de defensa férrea de bienes como los que estamos hablando en estos tiempos. No la veo.
Y las obligaciones, ayer me hacían preguntas estudiantes de periodismo de una de las universidades, me preguntaban: usted es el único que hace. ¿Por qué usted?
Y yo les dije: No, yo no debo ser el único, no debería ser el único. Las competencias que tiene el fiscal Enrique Viana las tienen todos los demás fiscales del país.
Entonces, llega un momento en que uno, más alá de que la soledad es parte del ejercicio de la función, mira un poco para los costados y ve a ver si de una buena vez otras voluntades se suman a esta defensa que es parte del cumplimiento de nuestra función.

EChI: “Bien, nos han llegado un montón de mensajes de los oyentes.
Uno dice: ¿En qué están los anuncios de una papelera en el centro del país?”, dice Ángel del Buceo.
EV: Ha habido anuncios sí, anuncios.
Hay un problema que hay que identificar, toda la mano de obra que se utilizó nacional junto a la extrajera para construir BOTNIA, luego fue trasladada a Montes del Plata. Y cuando termine de sr construida Montes del Plata el año que viene, esa mano de obra tiene que tener un lugar para trabajar, yo creo que esa es una preocupación. Entonces, los anuncios de Aratirí, los anuncios del puerto de aguas profundas, los anuncios de una tercera planta de celulosa están vinculados a qué hacemos con esa mano de obra que puede llegar a quedar ociosa.
EChI: “Por el caño no sólo irá hiero, el permiso es para 13 minerales. La experiencia demuestra que se llevan todo a cañón de hierro y contaminan a nivel del oro”, dice Sergio de Toledo.
EV: Es cierto, es cierto también. Es decir, hay experiencias en países vecinos donde realmente lo que se extrae no se sabe exactamente qué es porque no hay manera posible de controlar qué es lo que se extrae y qué es lo que se llevan.

EChI: “¿El ministro Kreimerman y el hermano tienen que ver con la aceitera?”, pregunta otro oyente.
EV: Sí, indudablemente hay un hermano del ministro que es asesor de la empresa. Al mismo tiempo también fue cuestionado un funcionario del propio Ministerio de Medio Ambiente que operaba como asesor de la empresa. Son hechos conocidos y no debatidos ¿no?
Yo creo que esos hechos son síntomas de algo que la Fiscalía viene denunciando al menos desde el 2005 con el tema de BOTNIA, que es la confusión que provoca de intereses el hecho de que el Estado se asocie a determinadas inversiones. No como un socio capitalista de las inversiones, no como un socio que pretenda llevarse parte de las ganancias, sino como un socio de gestión, como un socio que lo que hace es gestionar la inversión, darle todas las facilidades, otorgarle todos los privilegios, concluir para eso con un contrato de inversión como el caso de Montes del Plata o negociar un contrato de inversión como se está negociando con Aratirí.
Cuando el Estado se vuelve socio de esas grandes corporaciones indudablemente que muchos funcionaros públicos o muchos profesionales privados se sienten frente a la situación de que cuando asesoran al Estado pueden asesorar al socio que es la empresa o que es la gran corporación y viceversa.
Entonces, yo creo que estas situaciones son sintomáticas, de esa asociación, de esa promoción de determinadas inversiones.
Yo vengo insistiendo mucho con esta idea, no es que uno no entienda que un Estado deba promocionar determinadas inversiones, el problema es cuando se promocionan determinadas inversiones y sólo son esas inversiones que tienen serios cuestionamientos ambientales.

EChI: “Buen día. El domingo el fiscal va a estar en una charla en Santa Lucía. Estuvimos en Gualeguaychú y nos interesa el tema ya que somos de Aguas Corrientes”, nos dice Pablo.
EV: Sí, es cierto, vamos a estar en Santa Lucía el domingo 12 de mayo junto con Germán Parola hablando del tema del agua en los galpones de AFE a las 17.30 hs., en la propia Santa Lucía.

EChI: “Me preocupa Cereoil en tierra histórica, pero creo que más me preocupa que se ayude a consolidar el modelo sojero poniendo una fábrica de aceite sojero en el Uruguay”, dice Elida.
EV: Tiene razón Elida, lo que sucede es que yo vengo hablando hace mucho tiempo de que lamentablemente se dañan bienes abstractos, llámese derecho o llámese historia para justificar daños materiales, daños físicos como son los daños ambientales.
Creo que a veces el antecedente para provocar el daño físico es el daño abstracto, el daño a los bienes que no tienen valor, como decíamos hoy, llámese derecho o llámese valores históricos.

EChI: “¿Qué agua se puede tomar? Porque si no se puede la embotellada y no se puede la de OSE qué tomamos”, pregunta María de Malvín.
EV: Es una buena reflexión. Hay una cuestión allí que es la siguiente, en algún momento alguna de las autoridades de OSE dijo que todo este tema de los cuestionamientos que se hacían a nivel científico del agua de OSE buscaba fomentar o la venta de filtros o la venta de agua envasada.
No, nada más incomprensible que esa afirmación.
Acá justamente lo que se busca es que los ciudadanos más humildes no pierdan calidad de vida y no pongan en cuestión su salud. Son los más humildes, aquellos que no tienen más remedio que beber el agua de OSE. Entonces, es función de ellos que se está actuando.
Esa debería ser la mayor preocupación y no la preocupación de la venta. E que tiene algún peso en el bolsillo podrá comprarse un filtro o podrá comprar agua envasada, pero el ciudadano humilde no tiene esa posibilidad. Y es en función de eso que las autoridades ya deberían estar trabajando sobre la cuenca de Santa Lucía, ya hace bastante que deberían estar trabajando y no se hace.
Yo insisto con esta idea, no hay voluntad de trabajar en la cuenca de Santa Lucía, no hay voluntad para evitar que perdamos el derecho humano al acceso al agua potable.

EChI: En el Uruguay hay 800.000 ciudadanos diezmilpesistas, es decir, que cobran $U 10.000 o menos. Ninguno de ellos puede comprar el agua envasada y muchos más tampoco, pero esos están certificados que ganan eso y que apenas les da para pagar el alquiler de una modesta vivienda.
Es bueno aclarar este tipo de cosas, creo.
“¿Qué cambió en la Ley si teniendo oro en mi campo nunca me dejaron sacarlo y ahora un Juan de afuera puede llevarse hasta el predio y dejar un agujero?”, pregunta J. P.
EV: Bueno, esa es una buena forma de explicar esta forma de minería y de la fragilidad, como decía Chury hace un rato.

EChI: “¿Hay posibilidad de que por sus actos se revierta en algo lo de Aratirí?”, preguntan desde un celular que termina en 238.
EV: Nosotros creemos que en la actuación sola de un fiscal no va a revertir este tipo de situaciones, pero sí lo que decíamos hace un rato, de que el individuo, de que el ciudadano ejerza sus derechos como tal. Hay una serie de movidas en estos días que se vienen programando desde hace tiempo que marcan la discrepancia frente a lo que está pasando. Y eso yo creo que aporta mucho, mucho más que la actuación de un fiscal.

EChI: Bueno, le agradecemos muchísimo que haya venido a compartir con nosotros esto que es tan importante para el país y para su gente.
EV: Por favor, un placer para mí. Gracias a ustedes.

Tomado de: Radio Centenario: http://www.radio36.com.uy/

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