Mostrando entradas con la etiqueta boron. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta boron. Mostrar todas las entradas

miércoles, 31 de octubre de 2012

Capitalismo, fuga de capitales y paraísos fiscales




Reproducimos a continuación una esclarecedora nota de Sally Burch, de ALAI, en torno al tema de los paraísos fiscales y la fuga de capitales. Sobre un Producto Bruto Mundial del orden de los 71 billones de dólares (o sea, 71.000.000 de millones de dólares) los capitales fugados y refugiados en “paraísos fiscales” (la mayor parte de los cuales se localizan en los países del capitalismo avanzado o en sus dependencias coloniales) ascienden a una cifra que oscila entre 21 y 32 billones de dólares, según los cálculos y como se explica en el artículo de Burch, es decir, entre aproximadamente un 30 y un 40 porciento del PIB mundial. ¡Un verdadero despojo de nuestros pueblos, convalidado y “legalizado” por las instituciones financieras internacionales y los estados capitalistas de todo el mundo! Léalo, indígnese y súmese a quienes decimos que para acabar con este saqueo no basta con salir del neoliberalismo. Hay  que salir del capitalismo. Dentro de él no habrá solución a estos flagelos.


Los paraísos fiscales y la fuga de capitales
Sally Burch

ALAI AMLATINA, 30/10/2012.- Un estudio sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).  De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen. Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc. (Clic abajo para continuar) 

Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$ 4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.

El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.

La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.

El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”

La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.

Cambiar los esquemas de negociación

Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.

El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.

Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012. 
http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx

URL de este artículo: http://alainet.org/active/59232

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif


sábado, 16 de abril de 2011

Para los pobres, mercado Por Atilio Boron

22-09-2010

Para los pobres, mercado



Son muchas las pruebas que, en la actualidad, demuestran la inviabilidad del capitalismo como modo de organización de la vida económica. Uno de sus máximos apologistas, el economista austríaco-americano Joseph Schumpeter, gustaba argumentar que lo que lo caracterizaba era un continuo proceso de “destrucción creadora”: viejas formas de producción o de organización de la vida económica eran reemplazadas por otras en un proceso virtuoso y de ininterrumpido ascenso hacia niveles crecientes de prosperidad y bienestar. Sin embargo, las duras réplicas de la historia demuestran que se ha producido un desequilibrio cada vez más acentuado en la ecuación schumpeteriana, a resultas del cual los aspectos destructivos tienden a prevalecer, cada vez con más fuerza, sobre los creativos: destrucción cada vez más acelerada del medio ambiente y del tejido social; del estado y las instituciones democráticas y, también, de los productos de la actividad económica mediante guerras, la obsolescencia planificada de casi todas las mercancías y el desperdicio sistemático de los recursos productivos.
Una nueva prueba de esta inviabilidad ya no a largo sino a mediano plazo del capitalismo lo otorga su escandalosa incapacidad para resolver el problema de la pobreza, tema que en estos días está siendo discutido en el marco de la Asamblea General de la ONU. A pesar de los modestos objetivos planteados por las llamadas “Metas del Milenio” para el año 2015 –entre los que sobresale la reducción de la población mundial que vive con menos de 1,25 dólares al día-, lo cierto es que ni siquiera tan austeros (por no decir insignificantes) logros podrán ser garantizados. De hecho, si a nivel mundial se produjo una relativa mejoría esto debe atribuirse a las políticas seguidas por China e India, que se apartaron considerablemente de las recomendaciones emanadas del Consenso de Washington. Más allá de esto sería interesante que los tecnócratas del Banco Mundial y del FMI explicaran cómo podría calificarse a una persona que habiendo superado el fatídico umbral del 1,25 dólar por día gana, por ejemplo, 1,50. ¿Dejó de ser pobre? ¿Es un “no-pobre” por eso? ¿Y qué decir de la estabilidad de sus misérrimos ingresos en un mundo donde aquellas instituciones pregonan las virtudes de la flexibilización del mercado laboral?
Esta incapacidad para enfrentar un problema que afecta a más de mil millones de habitantes –cifra que crecería extraordinariamente si, aún desde una visión economicista, situáramos la línea de la pobreza en los 2 dólares diarios- se torna motivo de escándalo y abominación cuando se recuerda la celeridad y generosidad con que los gobiernos del capitalismo avanzado se abalanzaron con centenares de miles de millones de dólares al rescate de los grandes oligopolios, arrojando por la borda toda la vacua palabrería del neoliberalismo. El rescate a los grandes oligopolios financieros e industriales, según informa la Agencia Bloomberg, de clara identificación con la “comunidad de negocios” norteamericana, costaba, hasta finales del año pasado y por diferentes conceptos, “un total de 12,8 millones de millones de dólares, una cantidad que se acerca mucho al Producto Interior Bruto (PIB) del país”. En cambio, la “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD), que había sido fijada por la ONU en un irrisorio 0,7 % del PIB de los países desarrollados, sólo es respetada por los países escandinavos y Holanda. Datos de los últimos años revelan que, por ejemplo, Estados Unidos destinó a la AOD sólo una fracción de lo acordado: el 0,17 % de su PBI, mientras que España aportaba el 0,24 e Italia el 0,15 %. Los principales países de la economía mundial, nucleados en el G-7, dedicaron a la cooperación internacional apenas el 0,22 % de su PIB. A diferencia de lo ocurrido con las grandes empresas oligopólicas, el “rescate” de los pobres queda en manos del mercado. Para los ricos hay estado, los pobres tendrán que arreglárselas con el mercado. Y si aparece el estado es para reprimir o desorganizar la protesta social. Alguien dijo una vez que las crisis enseñan. Tenía razón.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.