tomado de:
http://www.radiolaprimerisima.com/
para impulsar el cambio de régimen y las sanciones 31 Julio 2018
Managua. Por Max Blumenthal/REDVOLUCIÓN
Un estudio detallado de la cifra de muertos que se ha registrado en Nicaragua desde una campaña violenta para destituir al presidente Daniel Ortega y su gobierno sandinista muestra que, al menos, fueron asesinados tanto simpatizantes sandinistas, como miembros de la oposición. El estudio, “Monopolizando la muerte”, demuestra cómo las ONG locales partidistas combinaron todas las muertes ocurridas desde abril, incluidos los accidentes y los asesinatos de sandinistas, con asesinatos por parte de las fuerzas gubernamentales. Washington se ha aprovechado del recuento de muertes falsas para impulsar el caso de sanciones e intensificar la presión para un cambio de régimen.
El número de muertos manipulados fue la pieza central de una arenga del 25 de julio por la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen en el piso de la Cámara. Mientras recaudaba apoyo para una resolución bipartidista que condenaba al presidente nicaragüense Daniel Ortega por supuestamente ordenar la masacre de manifestantes, Ros-Lehtinen declaró: “Sr. Speaker, ¡Cuatrocientos cincuenta! Así es como muchos nicaragüenses han sido asesinados por el régimen de Ortega y sus matones desde abril de este año”.
El retrato de la congresista de un régimen dictatorial que dispara contra manifestantes pacíficos como codornices indefensas en una cacería en conserva, fue diseñado para generar presión para un ataque contra la economía nicaragüense en forma de paquetes de sanciones como la Ley Nica Act. Su narración fue reforzada por el vicepresidente Mike Pence, quien condenó al gobierno de Nicaragua por “más de 350 muertos a manos del régimen” y por Ken Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, quien también sugirió que Ortega había ordenado personalmente el asesinato de “300 manifestantes contra su gobierno corrupto y represivo”.
A lo largo de las últimas dos semanas, estuve en Nicaragua entrevistando a decenas de víctimas de la oposición nicaragüense respaldada por Estados Unidos. He conocido a oficiales de policía que vieron a sus colegas abatidos por elementos bien armados, mientras ellos recibían la orden de permanecer en sus estaciones, sandinistas líderes sindicales cuyas casas fueron quemadas, y los ciudadanos comunes que fueron secuestrados en los Tranques cuyo propósito es el bloqueo de carreteras y sacados de sus hogares para ser golpeados y torturados, a veces con la aprobación de los sacerdotes católicos. Estaba claro para mí que la oposición nicaragüense no era pacífica en su intento de cambio de régimen.
Y también estaba claro que muchos sandinistas habían sido asesinados desde que comenzó el caos en abril. Las víctimas de la oposición incluyen a Gabriel de Jesús Vado, un oficial de policía de Jinotepe, que fue secuestrado, arrastrado de un automóvil en movimiento y quemado vivo en video en el tranque de Monimbo este mes, un barrio en Masaya que la oposición había ocupado violentamente durante semanas.
Pero de acuerdo con la lógica empleada por el Congreso y la Casa Blanca, que responsabiliza al gobierno por cada muerte ocurrida entre abril y junio en Nicaragua, el asesinato de Vado y otros veinte miembros de la policía nacional de Nicaragua nunca se llevó a cabo. Ni tampoco la muerte de nadie asesinado por los paramilitares de la oposición. Esto es lo que tienes que creer si culpas al gobierno sandinista por el cien por ciento de las muertes.
La manipulación de la cifra de muertos por el Congreso y las ONG occidentales de poder blando se expone con meticuloso detalle “Monopolizar la muerte”.
El autor de este estudio forense, el investigador independiente nicaragüense Enrique Hendrix, describe su análisis como” evidencia de una campaña que, en ausencia de una causa justa, utiliza la muerte de cada ciudadano como un motivo para manipular las emociones de la población para contraponer ‘el gobierno’ contra ‘la gente’ “.
Hendrix me contó que inició su estudio, “Monopolizando la muerte”, dos semanas después de que comenzaran las protestas antisandinistas. “Todos los canales de la oposición comenzaron a reclamar que todas estas muertes estaban teniendo lugar [a manos de las fuerzas gubernamentales], y yo estaba teniendo muchas incertidumbres”, dijo. “Así que comencé a investigar las listas de las organizaciones de derechos humanos y realmente traté de averiguar si estos recuentos de muertes consistían solo en estudiantes, como informaban los medios de la oposición”.
El texto completo del estudio de Hendrix, traducido al inglés por el colectivo de periodismo Tortilla con Sal, está incorporado al final de este artículo, junto con una hoja de cálculo que analiza (en español) cada muerte en detalle.
ONG partidistas de derechos humanos como arma de cambio de régimen
El estudio de Hendrix examina las muertes registradas por las tres principales organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. Son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).
Estas son las organizaciones en las que el Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de poder blando como Human Rights Watch han confiado en su comprensión de la violencia que se ha apoderado de Nicaragua.
Mientras estuve en Nicaragua, aprendí cómo miembros de CENIDH y ANPDH participaron activamente en la campaña para eliminar al gobierno sandinista. Por ejemplo, tres estudiantes de la universidad pública UNAN me dijeron que el asesor jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, estaba presente con estudiantes y militantes de la oposición cuando tomaron el campus y que Carrión era incluso un espectador de su violencia.
Ramón Avellan, el comisionado de policía de Masaya, me contó cómo el personal de la ANPDH apareció repetidamente en su estación de policía junto con activistas de la oposición para suplicarle que se rindiera. Este acto habría resultado en la toma total de la ciudad por parte de la oposición armada, que según Avellan, incluía una fuerte representación de los carteles criminales locales.
ANPDH fue fundada en Miami, la verdadera base de la oposición derechista de Nicaragua, y fue financiada en los años 80 por el National Endowment for Democracy del gobierno de los Estados Unidos para pintar a los Contras como víctimas de la brutalidad comunista. Hoy, el grupo sigue siendo un arma política de elección contra el movimiento sandinista.
Cómo las ONG antisandinistas de “derechos humanos” y Washington cocinaron los libros
Hendrix descubrió que los tres principales grupos autoproclamados de derechos humanos en Nicaragua habían eliminado los contextos de las muertes que registraron para confundir todas las muertes no naturales que ocurrieron en todo el país entre el 19 de abril y el 25 de junio con asesinatos de las fuerzas progubernamentales nicaragüenses.
Encontró que siete categorías de muertes se incluyeron en los informes de derechos humanos. Todas las categorías, excepto una, no guardaban ninguna relación con la violencia gubernamental.
Ellos son los siguientes:
Nombres duplicados
Muertes no relacionadas con protestas
Gente asesinada por la oposición
Activistas de la oposición, incluidos aquellos involucrados en los violentos tranques
Espectadores inocentes
Nombres sin datos significativos para determinar la causa de la muerte
Muertes omitidas de cada lista
Según Hendrix, los informes de CENIDH, CIDH y ANPDH fueron rellenos con la muerte de ” víctimas de accidentes de tráfico, altercados entre pandillas, asesinatos por robo, asesinatos accidentales por armas de fuego y, lo que es más absurdo, suicidios”.
El estudio de CIDH incluye nueve nombres duplicados, mientras que las tres organizaciones registraron sus informes con 97 muertes que no estaban relacionadas con las protestas. Las causas de 77 muertes registradas en los tres informes permanecen desconocidas.
Mientras que la oposición nicaragüense ha gritado sobre las masacres de estudiantes a nivel genocida, Hendrix encontró en su propia investigación que de las aproximadamente 60 muertes entre elementos antisandinistas a manos de fuerzas alineadas con el gobierno, solo 16 o 17 eran estudiantes reales.
Lo más sorprendente es que la investigación forense de Hendrix demostró que la oposición mató al menos al mismo número de partidarios y policías sandinistas que perdieron a manos del gobierno. Este hecho va directamente en contra de la narrativa centrada en los Estados Unidos de un dictador que acribilla a los manifestantes pacíficos.
Sería fácil para cualquiera que esté familiarizado con la situación que se desarrolló en el terreno en los últimos tres meses para ver por qué tantos habían sido asesinados en el lado Sandinista.
A fines de abril, Ortega ordenó a sus fuerzas policiales permanecer en sus estaciones como condición para el diálogo nacional que inició con la oposición. La orden significó que durante aproximadamente 55 días, los partidarios Sandinistas se vieron obligados a defenderse de una cruzada nacional de venganza de sangre letal. Innumerables ciudadanos fueron golpeados o enfrentaron la destrucción de la propiedad a manos de la oposición únicamente porque pertenecían al frente sandinista.
Entre los asesinatos de sandinistas detallados en el informe de Hendrix se encuentra un bebé de 25 meses, hijo de Gabriella María Aguirre, quien murió el 13 de junio en Masatepe por broncoaspiración cuando su ambulancia fue detenida en un control de la oposición.
Mientras tanto, en ciudades como Masaya y Jinotepe, la policía se encontró bajo un asedio virtual, aislado durante semanas de alimentos y suministros médicos regulares, y terminó peleando con los militantes de la oposición que los rodeaban.
Las muertes de aquellos dentro de los rangos de la oposición que fueron asesinados por accidente o como resultado de la violencia fratricida también han sido descontextualizados en estos informes, y por lo tanto no son reconocidos por Washington ni por los cuerpos legales internacionales. Entre ellos, el periodista guatemalteco Eduardo Spiegler, quien fue aplastado por un “árbol de la vida” derrocado por los manifestantes de la oposición mientras cubría su juerga de vandalismo.
De ONG antisandinistas a organismos internacionales, sin escrutinio en el medio
El gobierno nicaragüense ha nombrado su propia comisión compuesta por expertos independientes para investigar las muertes ocurridas desde abril. Según Hendrix, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha negado a aceptar datos de la investigación oficial nicaragüense, confiando en cambio en la CIDH.
Esto significa que el principal organismo internacional responsable de sacar conclusiones sobre la violencia en Nicaragua se ha basado en gran medida en una ONG partidaria con una inclinación decididamente antisandinista y no ha hecho ningún trabajo independiente.
Mientras tanto, en Washington, los miembros del Congreso como Ros-Lehtinen no solo han confiado en la defectuosa narrativa de la oposición, sino que han exagerado el número de muertos para impulsar el caso de un ataque más profundo contra la economía nicaragüense.
Hendrix enfatizó que debido a que las ONG locales de derechos humanos como CIDH dependían tanto de medios de la oposición altamente partidarios para tabular sus conteos de muertos, “es imposible verificar en muchos casos si están diciendo la verdad”.
Se preguntó si “podríamos estar viendo una manipulación aún mayor de lo que sabemos”.
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