El nuevo pacto del Club Naval
Entre junio de
1968 y marzo de 1985, cientos de militares y policías torturaron,
violaron mujeres y hombres, secuestraron niños, asesinaron militantes y
desaparecieron forzosamente a muchos detenidos. En el Uruguay uno de
cada quinientos estuvo preso por sus ideas políticas, fue una represión
masiva, generalizada, sin límtes prácticamente, ofendió a la comunidad
humana mundial tanto como a los tres millones de uruguayos. Idéntica
naturaleza que los crímenes de los nazis contra los pueblos soviético y
judío, o que los cometidos en Ruanda y en Irak, o los que hoy se cometen
en Palestina por las tropas israelíes. Son crímenes contra la humanidad
entera y deben aplicárseles las normas internacionales aprobadas por
las naciones del mundo precisamente para estos casos de desborde de la
barbarie y el salvajismo. Hechos incontrovertibles, innegables.
En Uruguay esos
criminales han sido protegidos por un acuerdo político no escrito, el
Pacto del Club Naval consensuado en 1984 por cuadros del Partido
Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. A cambio de que los mandos
militares regresaran a los cuarteles y permitieran elecciones
nacionales ( aunque fuera con proscripciones), quedó establecido que el
Poder Judicial no juzgaría a quienes habían practicado con denuedo el
terrorismo de Estado. La impunidad “sobrevolaba o subyacía” el
entendimiento político con los mandos militares, al decir del general
Líber Seregni, uno de los dirigentes que consintió tan espúreo acuerdo.
Una vez
permitido el regreso de la democracia burguesa, en el entusiasmo
primaveral las víctimas de terrorismo y sus familiares reclamaron
justicia ante el poder judicial. Su valiente acción sirvió de excusa a
los tuteladores para señalar con claridad los límites de la democracia
formal, pues el general Medina escondió las citaciones judiciales a
varios de los más notorios asesinos en el “coffre fort” de la
comandancia de las fuerzas armadas. Su gesto brutal refrescó la memoria
de los que se habían comprometido a hacerse los chanchos rengos;
connotados defensores del orden establecido se sintieron en el “deber”
de elaborar la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
hiperbólica denominación para un engendro que hincó de rodillas a la
“clase política” ante el partido militar. Dicho sea de paso, meses más
tarde algunas de sus víctimas intentaron lavar la imagen del general
Medina acompañándolo candorosamente a repartir bandejitas de comidas a
los escolares pobres.
Cada
vez que el movimiento popular quiso anular la caduca ley de caducidad,
los malabarismos de los cuadros políticos la mantuvo vigente. Pese a
ello, como las bases frenteamplistas fueron la columna humana que
sostuvo la lucha contra la impunidad, creció a ojos vista el caudal
electoral de la fuerza política y decreció el de los partidos
comprometidos en la defensa de los criminales. Esa es una de las
razones, tal vez la pricipal, para que el responsable de finanzas de la
Comisión de Notables por Verdad y Justicia (la del Voto Verde en 1989)
fuera elegido como primer Intendente “progresista” de Montevideo en 1990
y quince años después, como primer presidente frenteamplista del
Uruguay. A fines del 2004, Fernández, líder del pragmatismo y la
entrega, asumió ante el Congreso del Frente Amplio que para ganar las
elecciones era necesario mantener la vigencia de la infame ley que
protegía a quienes fueron sus torturadores y los asesinos de sus
hermanos de lucha revolucionaria. Puede parecer curioso al lector
desprevenido, pero tan inmoral y poco ética postura obtuvo el apoyo de
la mayoría de los congresistas y, con ello se trastocó, de hecho, la
columna de la verdad y la justicia en base ideológica y política del
olvido y el perdón.
La impunidad “progresista”
Asumiendo como
propios los compromisos del Club Naval, una vez asumida la presidencia
de la república Tabaré Vázquez enloqueció a la opinión pública con sus
gambetas y zigzagueos endiablados. Hacía como que buscaba la Verdad y la
Justicia (autorizó, por ejemplo, las excavaciones en los cuarteles en
busca de restos de desaparecidos) pero ayudó a institucionalizar
definitivamente la impunidad como política del Estado uruguayo. Se
opuso con uñas y dientes a la anulación de la ley aberrante y pretendió
hacer una especie de “día del perdón” con los 19 de junio, fecha en que
se recuerda el nacimiento de José Artigas, caudillo de una de las pocas
revoluciones agrarias del siglo XIX.
Pese a la
magnitud de los obstáculos, en el 2009 la lucha popular casi, casi,
logró echar abajo la ley que protege a los asesinos de las normas
internacionales. Para sostener la impunidad otra vez salieron de las
penumbras algunas de las más renombradas víctimas a cortar el paso del
Juicio y Castigo. José Mujica demostró ser un demagogo tan hábil y falso
como Tabaré: firmó públicamente en favor del plebiscito por la
anulación de la ley de impunidad, pero durante toda la campaña
electoral mantuvo al respecto un ominoso silencio sobre la aspiración
popular de verdad y justicia. Su actitud sembró confusión en el
electorado y sectores de militancia frenteamplista sabotearon el llamado
Voto Rosado. Hubiera bastado conque Mujica hiciera una mínima señal de
apoyo a la anulación, para que hoy día no existiera la inmoral ley de
caducidad que continúa siendo el fondo del problema según expresó la
primera senadora Lucía Topolansky. Mujica optó por sumarse a quienes
defienden la impunidad consagrada en el pacto del Club Naval, voluntad
en ese entonces ya reforzada por las negociaciones secretas del más
famoso ladero del presidente ex-guerrillero.
Como reconoce la
propia dirigencia del Frente Amplio, la gestión del gobierno de Mujica
se destaca por la ineficiencia general y, en particular, en lo referente
al programa popular, vivienda, educación y salud. En cambio ha sido
extraordinariamente eficaz para fortalecer y aceitar la maquinaria
policíaco militar, dejándola en inmejorables condiciones de armamento,
movilidad y funcionamiento, pronta para futuros desmanes y malones
terroristas. Para justificar el fortalecimiento del brazo armado del
capitalismo, Mujica, Fernández y Bonomi predican la peregrina idea de
que han cambiado muchísimo, ahora son “profesionales” y ello les
impediría cometer nuevamente los crímenes que cometieron en el pasado.
Como si los policías “profesionales” no torturaran en las comisarías y
las “profesionales” tropas israelíes no fueran las responsables del
genocidio al pueblo palestino. Por el contrario, a mayor
“profesionalidad” mayor capacidad técnica para la tortura, la violación,
el asesinato y la desparición forzosa. Están aceitando la guillotina
que caerá sobre la cabeza del pueblo uruguayo.
Es el discurso y
la práctica de olvidar y perdonar que la derecha destaca y aplaude
tanto como la política económica del gobierno. El compromiso de las
víctimas arrepentidas con los victimarios es destacado como una
demostración de altruísmo y “humanismo”, cuando en realidad, lo único
que demuestra es el abandono de los principios y los valores que los
llevaron a pretender la transformación revolucionaria de la sociedad.
Llegaron al gobierno gracias a su aura guerrillera y al haber sido
torturados como rehenes, identidad que se quitaron de encima porque les
molestaba para las transas con los dueños del Uruguay, las corporaciones
transnacionales y el imperialismo. Con el consentimiento y apoyo de los
parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, el cuarteto
Mujica-Fernández-Topolansky-
El santuario de la impunidad
En
las condiciones santificadas por el “progresismo” la derecha encontró
el campo más favorable para que prosperaran sus ideas linderas con el
fascismo. Las claudicaciones abrieron las puertas a dos resoluciones de
la Suprema Corte de Justicia que representan una amnistía de hecho a los
criminales del terrorismo de Estado. La primera fue la remoción de la
Jueza Mariana Mota que obstaculiza la rápida diligencia de las 55
causas contra militares y policías y la segunda es la sentencia que
declara incostitucional el mamarracho de ley interpretativa, aprobada
por los parlamentarios frenteamplistas para eludir el desafío de anular
la ley de caducidad. El Pacto del Club Naval ha sido reflotado por la
Corte de In-justicia, cuyos ministros ingresaron a la magistratura
durante la dictadura militar, cuando no cualquiera podía acceder al
cargo de juez. El gesto brutal de la Corte, equivalente al del general
Medina en 1986, fue aprovechado por el Partido Colorado y el Partido
Nacional, que se sienten derrotados de antemano y están buscando hacer
política allí donde tienen poder, como en la Suprema Corte de Justicia.
Están renovando sus credenciales antipopulares y antidemocráticas,
quizás estén pensando en una escalada y en ejercer presiones desde otros
de sus centros de poder, como los mandos militares y los gremios del
latifundio. Volveremos a tener en el escenario la antigua santa alianza
reaccionaria.
El nuevo empuje
de la impunidad no logra opacar la necesidad histórica de verdad y
justicia. Ella renace y se recrea. Porque son sentimientos arraigados
muy profundamente en el espíritu de los pueblos y porque desvirtúa de
hecho todo el discurso liberal que sustenta la democracia burguesa. Los
privilegios de los criminales, dada su condición de militares y
policías, contradicen rotundamente la terna ideológica de la revolución
francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la natural aspiración de
verdad y justicia, malherida por los administradores del poder judicial,
sólo le queda el parlamento como posibilidad de respuesta
institucional. Luego del gambito de la Corte, al parlamento le toca
jugarse por la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios
básicos desde el origen del sistema republicano y mucho más fuerte que
la mentada separación de poderes. En el santuario de la impunidad los
parlamentarios frenteamplistas podrían jugarse por la verdad y la
justicia y anular la ley de caducidad de una vez por todas.
Pusilánimes
Una ley puede
echar abajo a otra ley. De hecho, en el empuje primaveral de marzo de
1985, el parlamento dominado por los partidos tradicionales aprobó la
ley No. 15.738 que en su primer artículo elevaba a la categoría de leyes
los “actos institucionales” de la dictadura y en su artículo segundo
anulaba 18 de esas leyes aprobadas en el anterior. El recordado Helios
Sarthou -¡qué falta hacés, viejo querido!- abundó en varios escritos
doctrinarios sobre la capacidad del parlamento para anular aquello que
él mismo aprobó.
La ley de
caducidad contradice toda la legislación internacional sobre los
derechos humanos, esas leyes que hicieron posible la condena de los
criminales nazis en Nüremberg y que harán posible la condena de los
genocidas que visten el uniforme de los EEUU.
La
ley de caducidad contradice la propia Constitución del Uruguay, como
confirmó una sentencia de la Suprema Corte para uno de los casos
concretos. .
¿Por qué el
Frente Amplio no hace valer su mayoría en el Parlamento y la anula de
una vez por todas? No existen argumentos legales para no hacerlo. Puede
argumentarse, como he leído por ahí, que este caprichosa Suprema Corte
declararía inconstitucional una ley de tal índole....bueno, muchachos,
entonces habría que convocar al pueblo de verdad, no como se hizo el
lunes 25 de febrero. El pueblo en la calle es la única garantía de
Verdad y Justicia.
Quizás la única
razón política para mantener la vigencia de la ley de caducidad sea el
compromiso con los mandos militares; la mayoría de los sectores del
Frente Amplio continúan consintiendo el apoyo dado por el general
Seregni al Pacto del Club Naval. Algunos descargan sus
responsabilidades culpando a Víctor Semproni por sus deplorables
actitudes, olvidando como presionaron a Guillermo Chifflet para que
entregara su banca pero le perdonan la vida al diputado del Espacio 609.
Anular o no la ley de impunidad coloca al MPP en un brete: pinta en los
muros “Fuerza Mota” y “Verdad y Justicia” al mismo tiempo que sus
mandarines negocian en secreto con los militares y pidieron la cabeza la
Jueza Mota. La situación está siendo un detector para las mentiras y
versos de Topolansky y asociados. Es como cuando votaron el ingreso de
los SEALs a territorio nacional o cuando callan sobre el escándalo de
las camionetas yanquis patrullando calles de Montevideo.... en el
Espacio 609 podrán decirse muy antimperialistas, pero sus manos
levantadas niegan sus dichos. El único resultado de la pusilanimidad es
el desprestigio del parlamento y de la institucionalidad burguesa... el
pueblo uruguayo terminará como el italiano, votando payasos.
Estamos ante la
reedición del Pacto inmoral y nada ético entre los mandos militares y
los cuadros políticos. Un nuevo acuerdo no escrito, implícito en las
guiñadas, los gestos y las conductas. Por eso no los voto más y menos
todavía a Tabaré.
3 de marzo de 2013.
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