Uruguay_REDIU "país productivo": las penas son de nosotros, los recursos ya no

Uruguay_REDIU "país productivo": las penas son de nosotros, los recursos ya no...

 

Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)§

 

 

 

 

 

Para sorpresa de muchos, el "país productivo" que comienza a edificarse siguiendo el slogan de la campaña electoral que le permitió a la izquierda llegar al gobierno, se basa en la inversión extranjera directa (IED). Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por el gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país. En contrapartida, el control nacional del proceso productivo se pierde y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.

 

            Este trabajo busca identificar las aristas más preocupantes de un modelo de desarrollo basado en la IED y que se presenta como la única alternativa para un país de baja inversión y de insuficiente ahorro interno. Primero, se recuerda la evolución de las recetas que sostienen la creencia en esta forma de desarrollo; luego se presenta el fenómeno de la extranjerización de recursos y sectores económicos que vienen dándose de forma acelerada en los últimos años; posteriormente, se resalta el modus operandi de la empresas transnacionales y, por último, se apuntan alternativas a la inversión extranjera.

 

 

 

   1. El "desarrollo" reciente y sus pretensiones

 

Desde la segunda guerra mundial hasta principios de los setenta las economías de los países centrales vivieron una de las épocas más prolongadas de certidumbre y estabilidad. La política económica era utilizada para regular el ciclo económico buscando maximizar el uso de la capacidad instalada y la estabilidad de precios. El alto nivel de empleo favorecía el consumo de la producción en masa y el Estado recaudaba lo suficiente para sostener cierto grado de bienestar de la población.

 

En los setenta, la prioridad de los gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al control de los precios, los salarios y el déficit público. Luego se sucedieron los procesos de desregulación de la economía, de privatización de las empresas y servicios propiedad del sector público (de hecho o de derecho) y de desmantelamiento de las redes que sostenía el Estado del bienestar.

 

El fuerte cambio en las políticas económicas fue producto de una crisis estructural del capitalismo asociada a la reducción de la productividad y la tasa de ganancia desde fines de los sesenta. Los cambios tecnológicos aumentaron la capacidad productiva reduciendo el ciclo de vida útil de maquinarias y productos. Es así que el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con un mundo fragmentado en mercados nacionales, y su resolución transitoria se realizan promoviendo acuerdos bajo la celosa  vigilancia de las Instituciones de Bretton Woods (FMI, BM, GATT primero y OMC después).  En tal escenario, se levanta un nuevo orden mundial que tiene como uno de sus ejes la liberalización comercial multilateral, mismo que amparó física y legalmente la penetración de las transnacionales en los mercados globales y eliminó las fronteras económicas nacionales y sus altos costos de transacción e instalación.

 

Las empresas transnacionales (ET) fueron las principales beneficiarias de un mercado mundial, construido a la medida, donde desarrollan su actividad y explican el gran crecimiento del comercio (dominantemente entre sus filiales), potenciándose enormemente las rentas tecnológicas y las economías de escala. Tales empresas explotan todos los espacios legales en cualquier parte del mundo para conseguir capital, trabajo y todo tipo de recursos e insumos más baratos apuntando a un triple proceso de reducción de costos: re-localización de sus plantas productivas; centralización de sus procesos administrativos y financieros; tercerización de los aspectos logísticos. Sin olvidar, por supuesto, la conversión necesaria del poder de mercado en poder político estratégico acorde a sus planes de expansión y de control de la producción y del comercio mundial.

 

Se agudizó, en ese marco, la tendencia dominante de la economía capitalista a la concentración de la propiedad y a las alianzas estratégicas necesarias, que permiten la expropiación y usufructo privado de los beneficios del proceso productivo y la libre circulación de los mismos.

 

La apertura comercial y financiera, señalada anteriormente, fue acompañada por cambios institucionales tendientes a reducir el papel del Estado, siendo la privatización de empresas públicas uno de los aspectos más notables. El proceso de desregulación afectó fundamentalmente la relación capital-trabajo acompañado de formas de flexibilización que buscaron incrementar la tasa de ganancia. Fue la época del desmantelamiento masivo de las organizaciones sindicales, incluso, en muchos casos apelando a la coacción física directa de las expresiones democráticas de la sociedad.

 

En este proceso "las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma, la política comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta".[1]

 

Primero fueron las políticas del Consenso de Washington (CW); luego vinieron las llamadas reformas de segunda generación que han pretendido expulsar el poder político del ámbito de la economía; ahora, en la tercera fase de este proceso, la "neocolonización". Debe entenderse por "neocolonización" la ocupación física de los territorios para sostener una división internacional del trabajo que eterniza el histórico papel del continente como proveedor de materias primas o con poco valor agregado; pero ahora, regresando al saqueo directo que posibilita la ocupación económica.

 

En este marco se inscriben los megaproyectos de la "Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sur América" (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA, pero que se mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de protección de inversiones que firman los gobiernos progresistas.

 

La IIRSA busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos de comercio a través de un mejoramiento de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su objetivo esencial es la extracción, rápida y económica, de nuestros recursos naturales, a la vez, que facilita la instalación de la llamada "industria sucia".

 

Implica, además, "el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica".[2]

 

Lo paradójico es que estos proyectos y la determinación de diseñar y avanzar en las obras reúne a gobernantes de diferentes orillas ideológicas.

 

 

 

   2. El Uruguay actual y los hechos tozudos que lo interpelan

 

Más allá de los programas de gobierno, más allá de las concepciones de economía política, más allá de la acción de factores endógenos y/o exógenos, más allá de la buena o mala voluntad de los decidores, más allá de todo esto están los hechos y los hechos son tozudos.

 

Se observa en Uruguay, así como en la región y en resto del tercer Mundo, una suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía  y modifica radicalmente nuestro entorno.

 

En nuestro país el proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros no es cosa nueva. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.

 

 

 

2.1.- LA EXTRANJERIZACIÓN DEL AGRO

 

En los últimos meses se han hecho públicos estudios realizados por la DIEA-MGAP[3], sobre los registros de las ventas de tierras. Aquí puede verse que, desde el 1º de enero al 30 de junio de 2006, cambió de dueño una cuarta parte de la superficie agropecuaria, 3,9 millones de hectáreas correspondientes a 16 departamentos del país. La consultora SERAGRO estima que esa cifra se elevaría a cerca del  28% del territorio nacional,  4,5 millones de hectáreas[4], si se adicionaran las ventas realizadas en los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo (que la DIEA no considero) y las transacciones posteriores al 30 de junio 2006 hasta mediados del año en curso.

 

En cuanto a la procedencia de los compradores, SERAGRO considera que: “una gran proporción de los campos son comprados por extranjeros: argentinos, brasileños, europeos, estadounidenses, mexicanos y otros. Algunos son grandes inversores individuales, otros son grupos empresariales regionales o internacionales. Varios poseen más de 10 mil hectáreas en propiedad, y alguno llega a las 100 mil. A su vez, grandes compañías forestales transnacionales son protagonistas del mercado de tierras, como Botnia, Ence y Weyerhaeuser, que superan las 100.000 hectáreas propias cada una. Stora Enso busca sumarse al club y hay otras empresas forestales con superficies igualmente importantes".[5]

 

            La tenencia de tierras se adquiere –también– por arrendamiento, como ocurre con cultivos como la soja y el arroz. En el caso de la soja, observamos que la superficie sembrada pasa en un lustro (año agrícola 2000/01 al 2005/06) de alrededor de 12.000 hectáreas a 309.100. En el cultivo de soja, se aprecian “nuevos productores” que controlan el 44% del área de sembrada y el arrendamiento predomina sobre todas las otras formas de tenencia. Los “nuevos productores” se caracterizan por “canalizar fondos de fuera del sector, utilizar y generar empresas de servicios, comprar insumos directos a importadores y/o fabricantes; trabajar con tecnología `calendario´; son básicamente agricultores, no diversifican; extranjeros y/o asociados a capital extranjero; con empresas en otros países de la región".[6] 

 

Y las ventas no se han detenido, los precios han aumentado con el consiguiente aumento de las rentas, y cunde la alarma entre los pequeños productores y sus familias que con este panorama ven amenazada su permanencia en el campo.

 

Resulta interesante comparar que desde 1948, año de la aprobación de la Ley 11.029, por la cual se crea el Instituto Nacional de Colonización (INC) al 31/01/06, un período cercano a los 60 años, se han incorporado al INC poco más de un 2%, 345.091 hectáreas.[7]

 

 

 

2.2.- LA FASE INDUSTRIAL TAMBIÉN SE EXTRANJERIZA

 

La mayoría de los frigoríficos que faenan más 100.000 cabezas anuales están controlados por capitales brasileros: grupo Marfrig (Tacuarembó, La Caballada, Elbio Pérez Rodríguez y Colonia), Cater Group (Carrasco, Las Moras), Carnes Ana Paula de Ernesto Correa (PUL) y Bertin (Canelones). Estos frigoríficos concentran más de la mitad de la faena anual  y similar porcentaje de las exportaciones.

 

Es curioso que no se informe que: "Hay una fuerte presencia de frigoríficos de capitales brasileños que tienen antecedentes de colusión en Brasil, lo que le facilitaría la colusión[8] en Uruguay (incluso se puede negociar en Brasil). En particular en el caso del Norte del país si Marfrig se pone de acuerdo en Brasil con Ernesto Correa, toda la zona Norte estaría bajo un único cartel…[9] En Brasil, la asociación de productores: presentó dos denuncias contra los representados (frigoríficos). Una denuncia se debió a que los frigoríficos estarían ejerciendo abusivamente posición dominante en el mercado. La segunda denuncia se debió a que estarían adoptando posición comercial uniforme para la fijación de precios.

 

Por otro lado al no existir mayores impedimentos para la exportación de cueros sin procesar, se calcula que se exportaron mensualmente 20.000 cueros secos o salados y unos 60.000 con procesos mínimos. Según estimaciones del sindicato de curtidores: esa cantidad de cueros industrializándose en el país significaría trabajo para varios miles de obreros. El problema fundamental, vinculado a lo anterior, es la falta de materia prima. El uso de cueros nacionales sólo abastece al 70% de la producción, importándose cueros de EEUU., Rusia, Brasil y hasta de Chile.

 

El Grupo Marfrig, además, está construyendo una curtiembre en Río Grande del Sur para procesar los cueros que mande desde sus frigoríficos.

 

A su vez, también capitales brasileros (CAMIL ALIMENTOS) compran SAMAN, con lo cual controlan alrededor de la mitad del complejo arrocero. De las cinco plantas industriales de arroz que operan en el país, una ya era brasileña mientras que otras dos están en manos árabes e inglesas, quedando sólo con capitales nacionales la cooperativa COOPAR. SAMAN es la principal empresa, ya que canaliza más de la mitad de la producción de un sector que ubica al país entre los primeros diez exportadores mundiales de arroz, gracias a la integración de la cadena a través del molino exportador y el productor, con adelantos de aquel al segundo para desarrollar su labor y ajustes posteriores según la exportación. Esto ha permitido que no se plante arroz transgénico como forma de acceder a mercados diferenciados.

 

En el sector lácteo lideran la producción CONAPROLE, ECOLAT (ex PARMALAT), CALCAR y PILI. Este complejo se vera agitado con la incorporación de un nuevo demandante de leche: Laticínios Bom Gosto quien invertirá U$S 30 millones en la construcción de una planta para abastecer San Pablo y Río de Janeiro desde Uruguay, además de llegar a México, Venezuela, Estados Unidos y Europa. La compañía brasileña, originaria de Río Grande do Sul, prevé producir en una primera etapa leche larga vida y luego planea elaborar otros subproductos.

 

También la empresa neozelandesa PGG Wrightson y su subsidiaria NZ Farming System - Uruguay, adquirieron más de 30.000 hectáreas, para establecimientos lecheros, que volcarían a la industria con destino exportador.

 

Por otro lado, no podemos desconocer la posible inversión de un grupo norteamericano, GENERAL MILLS —que es la tercera potencia a nivel mundial en productos alimenticios—, en San José. Tal grupo, si se concretara, tendría miras de instalar una planta de caseína para la exportación, lo que desataría seguramente una guerra para capturar productores de leche, y por supuesto,  la consabida desestabilización del abasto del mercado interno.

 

Al existir en Uruguay un régimen de libertad total de precios, el juego libre de oferta y demanda lleva a que los precios internacionales crecientes impacten a los precios internos. A su vez, ante el modelo de crecimiento económico recostado fundamentalmente en las exportaciones de commodities que sigue el país, el monto de las ventas y los precios internacionales que presionan, llevan a que el mercado interno deba soportar un desabastecimiento o un incremento fuerte de precios.

 

Sin ser agroindustrial, pero si parte de nuestros recursos naturales, la pesca, también se encuentran en la mira de las trasnacionales. Trascendidos públicos han indicado que los capitales interesados en FRIPUR provienen de Estados Unidos, y que actualmente se está realizando un proceso de auditoría para conocer de cerca los números y la realidad del frigorífico pesquero. Junto al grupo económico SETTIN, FRIPUR posee el 54% de los barcos que pertenecen a la flota pesquera industrial Categoría A, cuya especie objetivo es la merluza. FRIPUR pesca básicamente merluza, que luego procesa y vende sobre todo al exterior. Tiene 280 tripulantes y unos 2.000 empleados en su planta.

 

 

 

2.3.- OTROS SECTORES

 

El Sector Financiero si bien es cierto que no integra directamente la cadena agro –industrial sí cumple un papel de primer orden en el funcionamiento de la misma. En este sector la extranjerización se produjo desde hace décadas, quedando actualmente con estas características generales. Los bancos privados desmantelaron su sistema comercial, quedando en un nivel mínimo, e imposibilitando líneas reales de créditos al desarrollo.

 

Al mismo tiempo construyeron en su entorno grupos financieros (SEGUROS, AFAP, tarjetas de crédito, compañías de inversión, financieras usurarias, cambios, etc.) para atender con menos controles negocios que contravienen normas legales o que están al margen de las mismas.

 

Así lo que ha sucedido es que la “plaza financiera” se ha transformado en plaza de “transferencia” de recursos económicos nacionales genuinos al exterior (U$S 6.000 millones de dólares depositados en el exterior por ahorristas uruguayos en la actualidad). Paralelamente se minó a la banca nacional (BROU, BHU, BCU).

 

Además se pierde soberanía alimentaria en un contexto donde los principales rubros agro–industriales se encuentran fuertemente demandados. El proyectado "Puerto de La Paloma", que se mantuvo en estricta reserva durante años, y las megaplantas de celulosa se inscriben en ese marco.

 

            Nuestro país se desangra. El año pasado migraron miles de uruguayos, en su gran mayoría jóvenes, lo cual compromete el futuro de todos los orientales, cada vez tenemos una sociedad más envejecida. ¿Quién no tiene parientes o amigos  en el exterior? El panorama es desolador y es urgente dar una respuesta.-

 

A pesar de la gravedad de esta situación, jerarcas del MEF y el MIEM han sostenido que el Estado no debe inmiscuirse en “negocios entre privados”, mientras que desde sectores políticos del Frente Amplio y el MGAP se ha sostenido la “preocupación” por este tema, e incluso se han adelantado algunas propuestas legislativas respecto a la tenencia de la tierra en la frontera con Brasil. Sin embargo, es necesario ir más a fondo, un punto de partida interesante podrían ser las resoluciones del IX Congreso al respecto.

 

 

 

   3. El 'modus operandis' de las empresas transnacionales

 

 

 

Un documento del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales que analizara las tendencias, determinantes e impactos de las IED y las transnacionales en el Uruguay ya concluía lo siguiente: “El incremento de la IED implica un avance significativo de las ET dentro de la estructura económica uruguaya. Las ET pasan a controlar un 38% de las ventas de las mayores empresas del país, incrementando su participación en casi todos los sectores. Mientras que en 1990 sólo eran mayoritarias en dos sectores, en 1998 controlan más de la mitad de las ventas en siete sectores. Simultáneamente, y aunque en menor proporción, las ET también incrementan su presencia en los flujos totales de comercio exterior de la economía uruguaya, desde un 26% a un 30% de las exportaciones, y desde un 22% a un 24% de las importaciones, entre 1992 y 1998".[10] Dado lo expuesto en el apartado anterior, es posible afirmar que este fenómeno se ha incrementado generando una acumulativa desnacionalización del comercio exterior.

 

En esta etapa las Empresas Transnacionales (ET) (sin importar la bandera) no se conforman con controlar las industrias estratégicas y nuestros servicios. Ahora vienen a enseñorearse de nuestros Recursos Naturales (tierra, agua, diversidad biológica y minerales) con una serie de características comunes.

 

En primer lugar tratan de controlar la totalidad de la cadena y/o complejo productivo (integración vertical) y no se conforman con tener la fase industrial, sino también parte importante de la tenencia de la tierra (por compra, por arrendamiento, por concesión, etcétera), y todas las otras fases hasta llegar a las góndolas donde las adquiere los consumidores, no precisamente uruguayos. Por supuesto, algunas de estas fases –las que conforman el núcleo duro del complejo– no se encuentra en el país. Así que seguiremos exportando commoditties, materias primas con el mínimo procesamiento. Seguiremos exportando la carne y otros la procesaran, exportaremos celulosa, pero no papel, y saldrá la soja también sin procesar, ¿no será posible y deseable cambiar esta historia?

 

            En segundo lugar, cada ET trae su “paquete tecnológico”, en muchos casos más depredadores de los recursos naturales que aquellos utilizados en el primer mundo, aumentan la dependencia externa de nuestros países, y expulsan y desarraigan a las familias del campo. Se apropian de los bienes sociales, atentan contra la soberanía alimentaria y desconocen la deuda social y ambiental que provocan.

 

En tercer lugar, no generan empleo permanente y menos calificado, el empleo sólo se dinamiza en los momentos iniciales de instalación y construcción de infraestructura (fábricas, puertos, caminería de acceso, etc.) o cuando las condiciones laborales hacen más económico utilizar mano de obra poco calificada y no sustituirla con maquinaria que se encuentra disponible en el mercado y que normalmente se utiliza en las metrópolis.

 

En cuarto lugar, como lo indica la misma CEPAL[11] la Inversión Extranjera Directa (IED) no es, por sí misma, un elemento positivo, y como el mismo Furtado[12] lo ha destacado, es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras, mismas que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional.

 

            En quinto lugar, porque las Empresas Transnacionales imbrican  la arquitectura de la globalización neoliberal (OMC y sus promocionados TLCs, las IFIs y sus condicionalidades, cambios en constituciones nacionales) con las oligarquías nacionales conjugando así el poder de mercado con el poder político.

 

En sexto lugar, porque estos emprendimientos se realizan luego de haber obtenido las máximas garantías para sus inversiones (tratados, OMC) y todas las facilidades y ventajas (zonas francas, exoneraciones, etcétera) que los gobiernos que impulsan les otorgan, y que a cambio obtienen resultados macroeconómicos de flujo, que no satisfacen ni las necesidades de la gente, ni el patrimonio del país del cual saquean los recursos.[13]

 

            En séptimo lugar, porque además de los beneficios económicos, muchos conflictos de intereses no se resuelven en el marco nacional, sino en tribunales internacionales como el CIADI (Convención Internacional de Acuerdos de Inversiones). Acuerdo que Uruguay firmó en el año 2000. Se genera así un neo-constitucionalismo, que privatiza la justicia y dota de impunidad a las trasnacionales.

 

En octavo lugar, porque dos tercios del comercio internacional, según el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), ocurre entre empresas transnacionales. Y por si fuera poco, la mitad de ese volumen comercial se realiza al interior mismo de las grandes empresas (o sea entre filiales de las trasnacionales que se conoce como comercio intrafirma).

 

En noveno lugar, porque las transnacionales no están obligadas a reinvertir en el país, ni siquiera generan conocimiento que pudiera implicar alguna difusión y aprendizajes por parte de empresas locales.

 

En décimo lugar, atentan contra la humanidad toda, ya que en el marco de una política neoliberal a ultranza que tiende a desentenderse de la responsabilidad social, las transnacionales se han convertido en las líderes del libre comercio, oponiéndose a cualquier regulación de sus actividades en todo el planeta.

 

Las Empresas Transnacionales han desembarcado en nuestro país en forma indiscriminada y se apoderan de tierras e industrias sin que nadie les ponga límite. Mientras se conservan las disposiciones que benefician el saqueo del nuestro patrimonio, se legisla criminalizando la ocupación de tierras a familias en estado de necesidad. Todo, bajo el supuesto que no existe alternativas a la inversión extranjera, cuestión que en el apartado siguiente trataremos de desmitificar.

 

 

 

   4. Las alternativas a la inversión extranjera

 

A pesar del autismo tecnocrático y la popularización de la expresión tatcheriana de que no existen alternativas, éstas están y la dinámica de los pueblos las producen todos los días. Se nos ha dicho insistentemente, y la realidad uruguaya es un buen ejemplo, que el ahorro interno es insuficiente. Por lo tanto, la IED se convertiría en el discurso dominante como la única opción para el financiamiento del desarrollo. No obstante, tales flujos de inversión, sólo en un mínimo porcentaje viene a la región, a pesar que los gobiernos (indistintamente de su signo ideológico) les brindan la prerrogativas más insólitas.

 

Actualmente, y como se ha visto, comienza una nueva estrategia de la IED que implica el control de importantes recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía, etc.). Atiéndase que el control estratégico no necesariamente pasa por la propiedad, si bien ésta parece ser la modalidad de algunas empresas en la actual fase 'neocolonial' donde la economía uruguaya se inserta.

 

Los recursos financieros de IED podrían obtenerse igualmente con una gestión diferente de la política económica y de una planeación estratégica del desarrollo nacional.

 

Primero, de los recursos que se disponen al pago de intereses de una deuda externa que, hasta ahora, su legitimidad no es posible probar, debido a la falta de una auditoría que así lo certifique. Aquí, como allá y acullá en el mundo pobre, las deudas se han utilizado con propósitos de moralidad discutible; desde su utilización en gastos improductivos que alentaron corruptelas y mafias que controlaron información y traficaron con privilegios, o financiaron ejércitos de ocupación que humillaron a los ciudadanos. Una moratoria determinada, tal el ejemplo de Argentina, sentó las bases de una acumulación originaria que permitió resurgir de la crisis de forma dinámica y prometedora, bajar los niveles de endeudamiento y reformular una economía sobre bases nacionales.

 

Segundo, la re-localización de la producción llevada a cabo por las empresas transnacionales se hacen en base a expectativas de sobreganancias, como lo han demostrado Melazzi & Yohai para el caso concreto de Botnia.[14] Por lo tanto, nada justifica que las inversiones de tales empresas se radiquen en zonas francas, liberadas de impuestos. El diferencial de ganancias respecto al que lograrían en sus lugares de origen, la libertad de movimientos, la infraestructura aportada por el Estado (y a cargo de la sociedad), desde los puertos naturales hasta las rutas, sin olvidar el apoyo de los gobiernos y los recursos de que disponen, todo ello suma un conjunto de ventajas que ningún impuesto podría neutralizar.

 

Tercero, un impuesto a la exportaciones de productos (detracciones), ya sean de empresas nacionales o extranjeras, en especial aquellas exportaciones de bajo nivel agregado, logrando así montos importantes para la inversión pública, misma que a su vez, generaría un círculo virtuoso de mayor empleo y mayor inversión.

 

Cuarto, es posible alentar un impuesto a la renta que se proponga rescatar para el desarrollo nacional parte de las rentas leoninas que obtienen la grandes empresas transnacionales. Se abriría, con ello, una posibilidad para la creación de nuevos sectores, una diversificación económica necesaria basada en otros agentes de desarrollo, quizás cooperativas, asociaciones de obreros, etc..

 

Quinto, el control a la entrada de capitales, se podría legislar sobre la reinversión de las ganancias, de este modo podría involucrar a las empresas ya sean nacionales como extranjeras con objetivos de desarrollo nacional que implican plazos mayores y sectores estratégicos.

 

Sexto, los fondos jubilatorios de los trabajadores son una opción interesante para impulsar el desarrollo nacional, no obstante, para ello será menester repensar (re-reformar) los sistemas de previsión social, regresando otra vez al control nacional y a los sistemas solidarios que sólo pueden operar en el ámbito de lo público. Así se alentaría a dichos fondos a la inversión productiva, con incentivos particulares y con legislación acorde, muy diferente de la legislación actual que los obliga a comprar papeles de deuda pública, para financiar al Estado (o a las estrategias de endeudamiento de los gobiernos de turno).

 

Séptimo, es necesario la creación de Bancos de desarrollo que busquen captar el ahorro interno y las remesas que llegan al país provenientes de los emigrados para direccionarlos con los objetivos del país productivo. Según datos del BID Uruguay recibió sólo de remesas el pasado año un 2,5% de su producto, mismas que mayoritariamente vienen a completar el consumo doméstico de connacionales o bien a gastos improductivos como formas de reserva de valor (propiedades, tierras, etc.); capital que podría captarse para ampliar la acumulación productiva con un sentido estratégico. Ese quizás es el papel de los bancos de desarrollo, que a su vez, deberían estar fuera de la competencia financiera local e internacional, y lograr gastos de funcionamiento menores y una eficiencia mayor que los estructurados bajo la lógica de la ganancia privada.

 

Octavo, es posible caminar a un sistema tributario que grave la riqueza acumulada, los flujos especulativos y a la utilización no deseable de los recursos, como así volver a impuestos que implique un sistema de incentivos y castigo para los que no persigan o no alcancen la frontera productiva sectorial. Ya Uruguay tuvo desde antaño un impuesto a la productividad media exigida, cuestión que debería repensarse bajo un esquema de planeación económica y sectorial del país.

 

Noveno, se debe perseguir de forma activa la evasión fiscal en todas sus formas, a la vez, que la recuperación de los créditos otorgados, y los morosos o llamados deudores contumaces. En este caso, las autoridades de los gobiernos uruguayos han sido permisivas ante fraudes de banqueros, lerdos en perseguir y cobrar en los distintos ámbitos donde el Estado otorga dineros.

 

Décimo, es necesario recuperar algunos sectores privatizados, explícita o tácitamente privatizados, es importante volver a ejercer el control nacional de los recursos, naturales, financieros y la capacidad de planear el futuro.

 

La inversión extranjera no es ni un "dios" ni un "mesías, tampoco un "demonio" por sí misma, ni resulta la culpable del "no desarrollo" nacional.  La inversión extranjera es un recursos importante, siempre y cuando su participación no implique relegar soberanía, no desaloje a los productores nacionales, en cuanto contribuya con objetivos preestablecidos y en la medida que socialice sus procesos de investigación y desarrollo. Es posible entonces, que la inversión extranjera tenga un lugar en una estrategia de desarrollo nacional, como también que participe del financiamiento estatal y de los costos sociales y ambientales del proceso productivo, y, que aporte a un reparto adecuado de sus beneficios asumiendo su cuota parte de responsabilidad a la hora de redistribuir las cargas en la sociedad. No obstante, la institucionalidad actual que cobija los flujos de inversión, los tratados de protección reciproca de tales inversiones, las zonas francas y las definiciones de los gobiernos actuales no parecen ser instrumentos adecuados para esos fines.

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES

 

 

 

Desde distintos sindicatos (frigoríficos, curtidores, vestimenta, etcétera), los trabajadores mismos ya perciben que el ingreso masivo de capitales extranjeros deteriora las relaciones laborales, que se reduce el trabajo (menos cueros para procesar por exportación de materia prima). A su vez, los trabajadores del campo, ven como día tras día, se despuebla la campaña, se deterioran suelos y acuíferos, con costos de recuperación elevadísimos, afectando el patrimonio de las futuras generaciones.

 

Baste compartir una vivencia. En una reunión realizada en la localidad de El Carmen, en el corazón del país, aspirantes a colonos discutían el empuje de la concentración y extranjerización de la tierra, cuestión que todos percibían, cuando una humilde paisana exclamó: “Hay que topear, porque si no topeamos… nos quedamos sin patria”. Huelgan comentarios de la claridad conceptual de la señora ante una realidad que golpea los sentidos.

 

Las decisiones económicas se ubican cada vez más fuera del país, se trasladan ahora a los escritorios de los directivos de las transnacionales; sin embargo, el gobierno se alegra porque ingresan inversiones extranjeras.

 

Tales inversiones, tienen poco de estratégicas y en su mayoría nada tienen de "nuevas", pues en los casos dominantes se trata de un simple cambio de propietario de empresas existentes, generando un proceso de concentración de la propiedad que no contribuye tampoco al desarrollo de un Uruguay productivo, con justicia social y profundización democrática. La ganancia de unos pocos predomina por sobre el interés nacional y las necesidades de la mayoría, mientras que el Estado es prescindente ante lo que denomina "negocios entre privados". Esta "prescindencia" estatal es la esencia del neoliberalismo.

 

Esta nueva situación se ubica en el proceso de la expansión capitalista que comienza en los primeros años de la década de los setenta y que redefine la división internacional del trabajo asignando un papel muy específico a América Latina como proveedora de recursos naturales. Es la "reconquista" de América.

 

La situación es descripta por Eduardo Galeano con meridiana claridad: "Según la voz de mando, nuestros países deben creer en la libertad de comercio (aunque no exista), honrar la deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y entrar al mundo (aunque sea por la puerta de servicio)".

 

Esta estrategia que no surge, ni forma parte del programa del FA contradice décadas de lucha del movimiento popular y las finalidades del Uruguay productivo. No es posible construir una nueva sociedad manteniendo fundamentos del modelo neoliberal y profundizando la extranjerización económica. No se puede ir hacia el Sur y hacia el Norte al mismo tiempo.

 

Melazzi y Yohai se preguntaban "¿Seguirán siendo sólo los extranjeros los que decidan nuestras líneas de desarrollo? ¿No habrá llegado el momento de evaluar a fondo las zonas francas, esa “extraterritorialidad” o “agujeros de soberanía”? ¿Qué beneficios les seguiremos ofreciendo, y a cambio de qué?"[15]

 

Hoy, a más de cuarenta años de aquel Congreso del pueblo uruguayo que constituyó un programa popular para enfrentar la expansión capitalista, ahora en su fase "neocolonial", deberíamos reeditar tales estratégicas. En 2007, es la retórica progresista la que malvende el patrimonio nacional y se enamora de los TLCs (esas herramientas actuales del imperialismo) la que debemos anteponer una imprescindible respuesta nacional, popular y democrática que apunte a un horizonte socialista. Para ello, debemos alentar un debate público imprescindible, convocando a todos los actores de la economía, nacionales o extranjeros, pero bajo la égida indeclinable del control nacional que un Estado democrático debe ejercer, quizás, el 2do. Congreso del Pueblo esté llamado a ser un paso en tal dirección.

 

 

 

 

 

 

 

§ Este trabajo fue elaborado por Rubén Elías y Oscar Mañán, con la colaboración de Antonio Elías. Ruben Eías es Ing. Agrónomo, prof. ….  Oscar Mañán es Dr. En Estudios del Desarrollo, prof. efectivo de tiempo completo en el Centro Regional de Profesores de Florida, prof. adjunto de Economía de América Latina de la Facultad de CCEE y ADM.-UDELAR y asesor de la COFE.

 

[1] Comunicado de la Comunidad Andina de Naciones, Lima, 23-­11-2004.

 

[2] Informe del BID sobre Progreso Económico y Social, 2002: "Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo en América Latina", 2002.

 

[3] DIEA-MGAP, Dirección de Estadísticas Agropecuarias, dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

 

[4] “El País Agropecuario”, Montevideo, 26 de setiembre de 2007.

 

[5] “El País Agropecuario”, Montevideo, 26 de setiembre de 2007.

 

[6] “Globalización, Medio Ambiente y Agricultura: El caso del cultivo de soja y la forestación en el MERCOSUR”, Pedro Arbeletche, Facultad de Agronomía, UDELAR.

 

[7] “Construcción de Políticas de Tierra, Colonización y Desarrollo en Uruguay”, PIT-CNT, UDELAR, INC. Departamento de Publicaciones de la UDELAR, Montevideo, 2006.

 

[8] La palabra colusión se entiende como acuerdos de precios explícitos o tácitos.

 

[9] “Programa de apoyo de la Competencia y del Consumidor-Tercer informe de consultoría Características de la competencia en el mercado de carne bovina”, Juan Manuel Murguía. Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Comercio, Julio 2007.

 

 

 

[10] Bittencourt, G. & Domingo, R. (2000). “Inversión Extranjera Directa y Empresas Transnacionales en Uruguay en los 90, Tendencias, determinantes e impactos”, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.

 

[11] CEPAL (2002). Globalización y Desarrollo, Santiago: CEPAL.

 

[12] Furtado, C. (1986). “La estructuración de la economía internacional”, en Celso Furtado, La concentración del poder económico de Estados Unidos y sus reflejos en América Latina, Centro Editor de América Latina, p. 25-61.

 

 

 

[13] Este es un círculo vicioso que se repite, los gobiernos desregulan, liberalizan, privatizan y obtienen a cambio una certificación que se objetiva en el "grado de inversor". Tal certificación, les abre las puertas a la inversión extranjera y es el certificado que desencadena el proceso que volverá a exigir, mayores prerrogativas, menos regulación, mayores libertades y nuevas ofertas del patrimonio nacional.

 

[14] Melazzi, G. & Yohai, W., "¿Cuánto ganará botnia?" Brecha, 2-11-2007.

 

[15] Melazzi & Yohai, ob. Cit.